La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha decido reactivar la investigación sobre la supuesta transacción de una menor de 14 años por 5.000 euros, con la intención de casarla en Mollerussa, Lleida. El tribunal considera imprescindible llevar a cabo nuevas diligencias debido a la existencia de indicios que apuntan a la posible comisión de delitos.
Esta resolución da lugar al recurso presentado por el Ministerio Fiscal frente al auto de sobreseimiento emitido el 6 de noviembre por el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Tudela, que había ordenado el archivo provisional de la causa.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la Audiencia califica el archivo como «totalmente prematuro» y considera que hay suficientes indicios para proseguir con la pesquisa. En su dictamen, se indica que en enero de 2025 la menor fue entregada por sus padres a otra pareja con el propósito de concertar su matrimonio con el hijo de esta, de 21 años.
La joven fue posteriormente ubicada en el domicilio de la familia investigada en Mollerussa. Además, el tribunal destaca indicios que sugieren que la menor pudo haber sido forzada a mendigar y a tomar parte en actos ilegales. De hecho, fue identificada por los Mossos d’Esquadra el 9 de septiembre de 2025 en Bellpuig, donde solicitaba dinero, y de nuevo el 4 de octubre en Les Borges Blanques.
En ambas situaciones, fue recogida por las personas investigadas, quienes informaron a las autoridades que eran familiares de la menor y que ella vivía con ellos debido a la carga laboral de sus padres, que residen en Zaragoza. A pesar de presentar una partida de nacimiento y asegurar que la menor estudiaría en la zona, la resolución judicial señala que no estaba matriculada.
La Audiencia subraya que la escolarización es un derecho y una obligación legal, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas, responsabilidades penales para los progenitores e incluso medidas civiles como la suspensión de la patria potestad o la declaración de desamparo.
El tribunal remarca que en el atestado policial hay fotografías aportadas por un testigo en las que aparece la menor junto a su presunto esposo y a los padres de éste durante la ceremonia matrimonial. Asimismo, señala que el hecho de que la joven no se identifique como víctima en su declaración no excluye que lo sea.
Ante este escenario que representa un «riesgo evidente» para la menor, la Audiencia considera que hay indicios de delitos de trata de seres humanos y coacciones, relacionados con un posible matrimonio forzado y una transacción económica. Por ello, concluye que el archivo no era adecuado y confirma la medida de alejamiento impuesta.
Dentro de las diligencias acordadas figura la declaración de un testigo que habría sido amenazado por el entorno familiar de la menor y que proporcionó información relevante, incluyendo fotografías del enlace, el precio de la entrega y datos sobre la ubicación de la joven. También se solicitarán informes a los Mossos d’Esquadra y a los servicios sociales de Corella, localidad navarra donde residía la menor, para valorar su situación familiar y social.
