El Consejo de Ministros invoca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tomar medidas contra las tecnológicas por considerar que vulneran la «dignidad y los derechos de los menores»
El Gobierno de España ha intensificado su acción contra las principales plataformas tecnológicas. El presidente, Pedro Sánchez, ha informado que el Consejo de Ministros usará este martes el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para solicitar formalmente que se investigue a X (antes Twitter), Meta y TikTok. El objetivo es determinar responsabilidades penales relacionadas con la creación y distribución de pornografía infantil generada mediante herramientas de inteligencia artificial en estas redes sociales.
Un posicionamiento claro para frenar la «impunidad» de las tecnológicas
En un mensaje difundido por X, el presidente ha explicado que estas plataformas atentan contra la salud mental, dignidad y derechos de los menores. Sánchez ha enfatizado que el Estado no puede ser indiferente ante este tipo de delitos digitales: «La impunidad de los gigantes debe llegar a su fin», afirmó.
La iniciativa de acudir al Ministerio Fiscal responde a la necesidad de proteger a los menores frente a nuevos riesgos derivados del uso de la IA, que posibilita la creación de contenidos explícitos con un alto grado de realismo. Según el jefe del Ejecutivo, estas acciones constituyen una vulneración grave de derechos fundamentales que debe ser combatida con determinación por el marco legal español.
Uso del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
El Consejo de Ministros ha elegido esta vía específica para remitir al Fiscal General del Estado asuntos de especial relevancia para la defensa del interés público. En este contexto, considera que la gravedad de los posibles delitos cometidos por X, Meta y TikTok —ya sea por acción directa, negligencia u omisión en el control de sus algoritmos— justifica una intervención directa de la Fiscalía.
Esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el control sobre los contenidos digitales y exigir que las compañías tecnológicas asuman una mayor responsabilidad en la supervisión de lo que se publica y crea en sus plataformas, especialmente cuando está en juego la protección de la infancia.
