La magistrada cuestiona la sustitución «preventiva» de un tramo de 36 metros en el punto exacto del descarrilamiento del tren y concede cinco días a Adif para identificar a los responsables y al proveedor del material defectuoso.
La instrucción relativa a la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz el 18 de enero, la cual causó 46 víctimas mortales, ha tomado un rumbo decisivo. La jueza encargada ha centrado su atención en las tareas de mantenimiento efectuadas en el lugar del accidente y ha requerido a Adif que explique con urgencia el motivo de la sustitución de un tramo de vía justo en el kilómetro donde tuvo lugar el siniestro.
El «punto ciego» en la vía 2
Según la providencia a la que tuvo acceso la Agencia EFE, la jueza está especialmente interesada en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2, donde se reemplazó un carril que tenía una longitud de 36 metros. Esta operación técnica carece aún de justificación clara en el marco de la investigación.
El objetivo judicial es establecer si dicha sustitución respondió a una falla estructural ya conocida y si la obra pudo influir en el lamentable desenlace del accidente.
Identificación de responsables y empresas
La jueza ha sido clara al fijar un plazo de cinco días para que Adif entregue un informe detallado que incluya:
- Proveedor: La empresa responsable del suministro del carril presuntamente defectuoso.
- Cadena de mando: El nombre del director técnico de la empresa proveedora y de los responsables de Adif que autorizaron la sustitución catalogada como «preventiva».
- Técnicos implicados: Identificación de los trabajadores involucrados en el manejo de la incidencia y de quien recomendó el cambio en la vía.
Una pieza clave para esclarecer la tragedia
Esta acción judicial pretende determinar si existió algún defecto de fabricación en el material o si hubo fallos en la supervisión de la infraestructura. La mención a una «sustitución preventiva» anterior al siniestro indica que Adif o el proveedor eran conscientes de una posible anomalía en ese tramo concreto.
Con 46 personas fallecidas, la investigación avanza hacia una fase técnica y política crítica, en la que tanto la responsabilidad del gestor ferroviario como la calidad de los materiales empleados en la red de alta velocidad están siendo objeto de un análisis riguroso.
