La condición de investigados de los testigos centrales bloquea sus declaraciones. Joseba García e Ignacio Díaz Tapia evitan responder a la Fiscalía para proteger sus defensas en otro procedimiento.
MADRID – La sesión prevista como decisiva en el Tribunal Supremo se tornó en un entramado jurídico complejo. La investigación que lleva la Audiencia Nacional sobre la «trama Koldo» irrumpió este martes en la Sala Segunda, generando un bloqueo recurrente en los interrogatorios a testigos esenciales.
El obstáculo de los investigados
Ignacio Díaz Tapia, perteneciente al círculo cercano de Víctor de Aldama (identificado en chats de WhatsApp como uno de los “cuatro mosqueteros”), fue el primero en establecer el precedente. Amparándose en su derecho legal, rechazó contestar cualquier pregunta alegando su condición de investigado en la causa paralela que tramita la Audiencia Nacional.
Minutos después, Joseba García, hermano de Koldo García, replicó esta actitud. A pesar de la seriedad de los cargos presentados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el testigo mantuvo un silencio casi total respecto a las preguntas, respondiendo únicamente ante los abogados defensores.
Aspectos que el silencio trató de proteger
Durante el interrogatorio, el fiscal Luzón detalló varios puntos críticos relacionados con la gestión de Joseba García, aunque no obtuvo respuestas:
- Flujos financieros: Se le inquirió sobre dos desplazamientos a la República Dominicana supuestamente dirigidos a recoger pagos en efectivo para su hermano a cambio de favores políticos.
- Colocaciones en empresas públicas: Se cuestionaron las gestiones para contratar a Jésica Rodríguez (expareja del exministro Ábalos) en Ineco, una compañía pública donde habría cobrado sin trabajar.
- Incremento patrimonial no justificado: Luzón fue directo sobre el notable aumento de sus ingresos desde 2020: “Tiene usted sin justificar 224.000 euros en sus cuentas”.
Ante cada cuestión de la fiscalía, la respuesta constante fue: «No responderé por consejo de mi abogada».
La frustración de las acusaciones
La escena generó notoria desazón en la Sala. Alberto Durán, representante legal del Partido Popular por las acusaciones populares, desistió de continuar tras realizar sólo dos preguntas sobre el entorno de Aldama.
“No contribuiré a esta situación”, declaró Durán antes de renunciar a proseguir el interrogatorio.
Respuestas limitadas
El bloqueo no fue completo, sino estratégico. Joseba García cambió su actitud frente a las defensas y sí respondió a las preguntas de Marino Turiel (abogado de Ábalos) y de su propia defensa, Leticia de la Hoz, lo que indica que el silencio fue una táctica dirigida exclusivamente a frenar la acción de la Fiscalía y las acusaciones populares.
Este conflicto institucional entre el Supremo y la Audiencia Nacional podría prolongar un proceso ya de por sí complejo y ahora enfrenta la paralización de testimonios clave.
