La inmobiliaria califica de «cuestión política» la sanción impuesta por el ministerio de Pablo Bustinduy y opta por la vía Contencioso-Administrativa para proteger su presunción de inocencia
Este jueves, la empresa Alquiler Seguro ha comunicado su decisión de recurrir judicialmente la multa de 3,6 millones de euros que le impuso el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La firma respondió con firmeza tras que el ministro Pablo Bustinduy desestimara el recurso presentado contra la resolución que le atribuye presuntas prácticas abusivas hacia sus arrendatarios.
Los directivos de Alquiler Seguro aseguran que las acusaciones formuladas por el Gobierno «no solo carecen de fundamento, sino que vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad de empresa». Además, critican que la interpretación legal del ministerio presenta una visión «parcial y sesgada», e interpretan el proceso como una acción motivada por intereses ideológicos.
Un conflicto «político» con repercusiones en la imagen
La empresa ha aclarado que consideran que «este asunto tiene un trasfondo político y no jurídico». A su vez, advierten que la publicidad de la multa está causando un «daño reputacional significativo» a la marca, tanto en esta ocasión como en casos previos. Según Alquiler Seguro, la actuación del ministerio persigue castigar al sector más que resolver problemas reales en los contratos.
Tras agotarse la vía administrativa con el rechazo del recurso por parte del ministro Bustinduy, la inmobiliaria presentará su recurso en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Confían en que los tribunales revisen la medida, a la que consideran arbitraria, y restablezcan la legalidad sobre sus honorarios y servicios, que han sido objeto de investigación por parte de Consumo en meses recientes.
