ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA). — Jesús, docente destinado en Vera (Almería), ha presentado una denuncia ante la situación de ocupación ilegal de larga duración que sufre desde hace más de cuatro años un inmueble de su propiedad en Roquetas de Mar. La vivienda fue arrendada en 2017 a una mujer por 350 euros al mes para cubrir sus gastos, pero la deuda por alquileres impagados se acerca a los 20.000 euros y suma más de 1.000 euros en facturas de servicios básicos.
A pesar de que el contrato estaba firmado con un solo individuo, actualmente habitan en el inmueble seis miembros de esa misma familia. Vecinos del edificio han informado que la propiedad podría estar siendo usada para subarrendar habitaciones de manera ilegal a otras personas.
Compras al contado, negocios y estilo de vida en redes sociales
El caso adquiere mayor gravedad debido a la aparente estabilidad económica de los ocupantes. La arrendataria inicial ha declarado ser dueña de un centro de estética y recientemente haber comprado un segundo piso al contado en la provincia de Almería, además de que la familia posee otros negocios locales, como carnicerías. Sus perfiles en redes sociales y conversaciones reflejan un nivel de vida elevado, con compras de lujo y viajes frecuentes, y se muestran confiados en que la ley no procederá contra ellos ante los intentos de cobro o desalojo.
Por su parte, el propietario enfrenta una situación financiera y de salud muy precaria. Para evitar el corte del suministro de agua y electricidad, que sigue costeando, ha tenido que pedir préstamos a familiares para cubrir los gastos originados por los ocupantes, mientras limita el consumo en su propia residencia.
Amenazas y preocupación por la paralización del desahucio
Fracasados los intentos de diálogo —incluida una oferta de compra que no prosperó—, los ocupantes se atrincheraron en la propiedad y aumentaron los conflictos. El docente ha llevado el caso a la justicia tras recibir múltiples amenazas de agresión física, aunque la investigación se ve dificultada por las advertencias de la defensa de los ocupantes, que planean alegar una situación formal de vulnerabilidad social para retrasar las diligencias judiciales.
El proceso judicial sigue en curso en los tribunales, al tiempo que el afectado denuncia afectaciones médicas serias derivadas del estrés, insomnio y deterioro económico que la ocupación ilegal le ha provocado.
