Badajoz — La Fiscalía ha presentado formalmente la petición de absolución para los once imputados en el juicio que involucra a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. El Ministerio Público afirma que, tras la instrucción y la evidencia aportada en la vista oral, «no se han acreditado las imputaciones» de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Con esta medida, la fiscal encargada, Begoña García Boró, confirma de manera definitiva su informe provisional y refrenda el criterio que ya había expresado al solicitar el archivo previo de la causa. Esta posición contrasta con la de las siete acusaciones populares personadas, que sostienen sus demandas de prisión para los investigados.
Falta de señalamientos sobre ilegalidad
En la presentación de sus conclusiones, la fiscal destacó que los procedimientos para la creación y asignación de las plazas objeto de investigación —la de David Sánchez como coordinador de los conservatorios y la de Luis Carrero como jefe de actividades transfronterizas— se llevaron a cabo bajo los principios de «publicidad, mérito y capacidad».
García Boró resaltó que en ese momento no se presentó ninguna objeción, advertencia ni recurso que indicara una posible ilegalidad en las designaciones. Recordó además que el puesto asignado a Sánchez «existía previamente» y que, tras el retiro del anterior responsable, sus funciones fueron cubiertas de manera extraordinaria por profesores que trabajaban fuera de su horario habitual y durante los fines de semana. La plaza fue aprobada en el pleno de la Diputación sin que se registraran objeciones, «ni siquiera por parte de otros partidos políticos», haciendo referencia directa al Partido Popular (PP).
Apoyo a la instrucción y al informe de la UCO
Frente a las críticas de las acusaciones populares, que han reprochado a la Fiscalía una aparente postura de «defensa» hacia los acusados, García Boró recordó que la acusación pública respaldó completamente todo el proceso de instrucción encabezado por la jueza Beatriz Biedma, subrayando la legalidad total en la intervención de los correos electrónicos.
Además, la fiscal valoró el informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las comunicaciones intervenidas, señalando que el documento aporta «datos objetivos». Sin embargo, puntualizó que esos datos «no pueden ser interpretados» de manera parcial como lo han hecho las acusaciones populares para fundamentar las imputaciones.
El juicio queda ahora a la espera de la deliberación del tribunal en un contexto marcado por la división entre la postura exculpatoria del Ministerio Fiscal y la tendencia punitiva de las acusaciones populares.
