La Fiscalía ha solicitado una pena de diez años de prisión para Faisal Hamed, médico vinculado al Partido Popular de Ceuta y que ocupó el número cuatro de la candidatura popular en las últimas elecciones municipales, por una presunta agresión sexual a una paciente ocurrida el 26 de abril de 2025 en el Hospital Universitario de Ceuta.
El Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación y solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal, tipificado en el artículo 179 del Código Penal.
Los hechos recogidos en la acusación
Según la versión de la Fiscalía, los hechos se produjeron sobre las 13:45 horas en la consulta médica que el acusado tenía en el Hospital Universitario. El escrito sostiene que el facultativo había mantenido previamente contacto con la denunciante a través de la red social Instagram y que, tras conocer que la joven sufría molestias en la espalda, la invitó a acudir a su consulta sin cita previa.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, una vez dentro de la consulta, el médico cerró la puerta con pestillo y pidió a la paciente que se desnudara parcialmente para realizar una supuesta exploración médica. La acusación afirma que durante dicha actuación realizó diversos tocamientos mientras efectuaba comentarios de carácter sexual.
La Fiscalía sostiene además que el acusado continuó con actuaciones que presentó como pruebas médicas y masajes, llegando presuntamente a realizar tocamientos e introducir sus manos en el cuerpo de la denunciante. El escrito recoge que la mujer manifestó en varias ocasiones su negativa a continuar, peticiones que, según la acusación, fueron ignoradas por el facultativo.
Siempre según la versión del Ministerio Público, la denunciante logró finalmente vestirse y abandonar la consulta tras insistir reiteradamente para que le abrieran la puerta.
Petición de condena
Además de los diez años de prisión, la Fiscalía solicita la prohibición de aproximarse o comunicarse con la denunciante durante una década, manteniendo una distancia mínima de 50 metros respecto a su domicilio, lugar de estudios o futuro centro de trabajo.
El escrito también reclama la imposición de una medida de libertad vigilada durante diez años una vez cumplida la pena de prisión, así como una inhabilitación especial durante veinte años para desempeñar cualquier profesión u oficio que implique contacto habitual y directo con menores de edad.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita una indemnización de 5.000 euros para la denunciante por los daños morales presuntamente sufridos.
Del ingreso en prisión a la libertad bajo fianza
La presunta víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional tras abandonar la consulta médica. Como consecuencia de la investigación, Faisal Hamed fue detenido el 26 de abril y puesto a disposición judicial al día siguiente.
Aunque negó los hechos que se le imputan, el juzgado acordó inicialmente su ingreso en prisión provisional en el centro penitenciario de Fuerte Mendizábal mientras continuaban las diligencias.
La repercusión del caso llevó al Partido Popular de Ceuta a anunciar la suspensión cautelar de militancia del médico pocas horas después de hacerse pública la denuncia. La formación política emitió entonces un comunicado en el que condenaba cualquier forma de violencia sexual y confirmaba la adopción de medidas internas.
Posteriormente, el 14 de mayo, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta acordó la puesta en libertad del investigado tras el pago de una fianza de 150.000 euros. Desde entonces permanece en libertad provisional, sujeto a diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente ante la autoridad judicial.
Pendientes de juicio
Con la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, la causa avanza hacia la fase de juicio oral. Será la Audiencia Provincial la encargada de celebrar la vista en la que se practicarán las pruebas propuestas por las partes, incluidas las declaraciones de la denunciante y del acusado, así como la documentación incorporada durante la instrucción.
Hasta que exista una resolución judicial firme, el acusado mantiene la presunción de inocencia.
