Madrid, 29 de junio de 2026. — La investigación del ‘caso Leire’ sufre un importante avance. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incautado en la sede del PSOE en la calle Ferraz, Madrid, una agenda con anotaciones manuscritas que detallan las ayudas públicas otorgadas a Tubos Reunidos. En particular, estos apuntes mencionan la autorización para aplazar parcialmente la amortización anticipada de la elevada deuda que la empresa tenía con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Esta evidencia aparece en el informe más reciente enviado por la Fiscalía Anticorrupción al juez Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. El juez ha imputado a 25 personas, entre ellas Belén Gualda, actual presidenta de la SEPI.
Implicación de la dirección socialista: la figura de Santos Cerdán
Según el escrito de la Fiscalía, los documentos requisados en la sede socialista tienen gran relevancia para la causa. Se detalla que las anotaciones en la agenda revelan que el exdirigente socialista Santos Cerdán habría estado al tanto de las solicitudes de Tubos Reunidos, así como del papel desempeñado por varios investigados en obtener las autorizaciones correspondientes.
«Indican que Santos Cerdán conocía las intenciones de Tubos Reunidos y la participación de distintos implicados en la tramitación de la aprobación necesaria».
Este indicio sugiere vinculación directa de las operaciones investigadas con los altos mandos del partido, reforzando la hipótesis de una red de influencias coordinada para interferir tanto en la concesión de recursos públicos como en procesos judiciales vinculados al ámbito gubernamental.
El esquema del fraude: el colectivo ‘Hirurok’ y facturas supuestamente falsas
La Fiscalía Anticorrupción plantea que la operación central estuvo a cargo del grupo conocido como Hirurok (que significa «Nosotros tres» en euskera), integrado presuntamente por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Este grupo habría gestionado un préstamo de 112,9 millones de euros para Tubos Reunidos.
Como retribución, los involucrados habrían recibido una comisión de 114.950 euros camuflada como servicios de «prospección de mercados» contratados a través de la empresa Mediaciones Martínez. Aunque estos pagos cuentan con respaldo documental, la UCO los define como «facturas supuestamente falsas» cuyo objetivo era legitimar el cobro de comisiones ilegales.
Ejercicio de mando informal y extensión a otras cuatro entidades públicas
El informe de la Guardia Civil destaca el protagonismo de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, quien presuntamente recibió 40.000 euros derivados de esta gestión. Según los agentes, Fernández continuó controlando la SEPI en la sombra tras su cese oficial y antes del nombramiento formal de su sucesor. La UCO ha documentado su presencia en reuniones en representación del organismo, su acceso a bases de datos confidenciales y la emisión de instrucciones directas al personal.
Con la agenda de Ferraz y los nuevos informes de la UCO, el juez Pedraz además de investigar a la siderúrgica, amplía la pesquisa para examinar posibles irregularidades en otras cuatro contrataciones o acuerdos con entidades públicas: Mercasa, Enusa, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias.
