El proceso excepcional, abierto durante dos meses y medio, concluye con más de 900.000 solicitudes presentadas. El Gobierno descarta extender el plazo a pesar de las críticas por las complicaciones burocráticas relacionadas con los antecedentes penales.
MADRID. — Este martes finaliza el periodo excepcional de dos meses y medio que el Gobierno de España estableció para permitir que los extranjeros en situación irregular pudieran solicitar la regularización extraordinaria. Esta medida está dirigida a quienes residían en el país antes del 1 de enero de este año, no disponen de permisos de residencia y trabajo, y no cuentan con antecedentes penales.
El proceso se inició el 16 de abril de forma telemática, y cuatro días después se amplió con atención presencial en más de 400 puntos, incluyendo oficinas de Extranjería, dependencias de la Seguridad Social y sucursales de Correos. Durante esta última jornada, quienes aún no han presentado su solicitud pueden hacerlo tanto en línea mediante la plataforma Mercurio como presencialmente con cita previa.
Gran volumen de solicitudes y autorizaciones temporales
El balance provisional refleja el alcance de esta convocatoria. Según los datos más recientes proporcionados por el Ejecutivo, hasta el 15 de junio se habían recibido alrededor de 900.000 solicitudes de regularización. De estas, 360.000 ya han sido admitidas a trámite, lo que implica la concesión automática de una autorización provisional que permite a los solicitantes residir y trabajar legalmente mientras se resuelve su caso de forma definitiva.
La Administración cuenta con un plazo legal de hasta tres meses para emitir las resoluciones finales. Aunque aún no se han difundido cifras definitivas sobre la cantidad de expedientes aprobados, fuentes oficiales aseguran que algunos solicitantes ya están recibiendo comunicaciones positivas.
Dificultades administrativas y negativa a extender el plazo
El proceso ha presentado diversos obstáculos para quienes han tramitado su solicitud. En las primeras fases, las sedes municipales y oficinas de ONG experimentaron largas esperas debido a la alta demanda para obtener el certificado de vulnerabilidad, requisito para casos específicos que se agilizó a medida que más entidades se sumaron a su expedición.
El principal desafío ha estado en la obtención del certificado de antecedentes penales para migrantes originarios de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. Estos ciudadanos han enfrentado importantes dificultades para obtener este documento en sus lugares de origen, necesario para completar la solicitud. Para remediar esta situación, el Gobierno ha establecido un mecanismo de apoyo a través de la vía diplomática que será evaluado en las próximas semanas.
Ante estas complicaciones, diversas organizaciones sociales, la plataforma ‘Regularización Ya’ y los partidos políticos Sumar y Podemos solicitaron formalmente prorrogar el plazo para presentar solicitudes. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido mantener la fecha límite inicialmente establecida y ha rechazado otorgar una extensión.
Campaña institucional en Madrid
Coincidiendo con el cierre del periodo para solicitar la regularización, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto presentar este martes en Madrid el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía. Durante el acto, se lanzará una campaña institucional titulada ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’, que busca destacar la contribución de la población migrante al desarrollo nacional. La presentación incluirá testimonios de personas que han obtenido la regularización y finalizará con la intervención de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
