Una televisión pública existe para servir al interés general, no a intereses particulares. La ciudadanía financia RTVCE con sus impuestos para que ofrezca una información plural, objetiva y al servicio de todos los ceutíes. Por eso resulta difícil comprender determinadas situaciones que, de ser ciertas, deberían ser aclaradas con absoluta transparencia.
No se entiende que el responsable del área de Deportes de la televisión pública asista de forma sistemática a actos y eventos que posteriormente aparecen en un medio de comunicación privado con el que mantiene una estrecha vinculación. Más aún cuando ese medio, Ceuta Deportiva, también recibe fondos públicos a través del Plan de Medios de la Ciudad Autónoma, habiendo facturado durante el ejercicio 2025 más de 60.000 euros.
La cuestión no es la existencia de un medio privado ni que reciba ayudas públicas conforme a la normativa. El verdadero problema surge si los recursos, el tiempo o la posición que proporciona un puesto en la televisión pública sirven para beneficiar a un proyecto privado. Si la cobertura de esos actos se realiza durante la jornada laboral de RTVCE, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si se está produciendo una utilización indebida de recursos públicos para favorecer intereses particulares.
Tampoco resulta comprensible el silencio de la dirección de RTVCE ante una situación que merece, como mínimo, una explicación. La transparencia no debería ser una opción, sino una obligación cuando se trata de dinero público y de la gestión de un medio de comunicación financiado por todos los ceutíes.
A ello se suma otra cuestión que llama poderosamente la atención: según distintas informaciones, este trabajador sería además quien más horas extraordinarias realiza dentro de la televisión pública, superando incluso los límites que establece la legislación. Si esto es así, corresponde a la dirección justificar la necesidad de esas horas, explicar cómo se autorizan y garantizar que se cumplen todas las normas laborales vigentes.
Pero quizá lo más preocupante sea la utilización de un medio público para decidir qué se informa y qué se silencia en función de afinidades personales. El tratamiento informativo de la Asamblea General de la Federación de Fútbol de Ceuta ha generado una evidente sensación de agravio. El boicot informativo a un acontecimiento de interés público transmite la impresión de que la línea editorial responde más a intereses personales que al deber de informar con imparcialidad.
Una televisión pública no pertenece ni a sus directivos ni a sus trabajadores. Pertenece a todos los ciudadanos. Por eso no puede convertirse en una herramienta para premiar a unos y castigar a otros, ni en un instrumento para fortalecer proyectos privados aprovechando los recursos públicos.
Si todo lo expuesto carece de fundamento, la mejor respuesta sería una explicación pública y transparente. Pero si existe la más mínima duda sobre un posible conflicto de intereses o sobre el uso de recursos públicos para fines privados, la dirección de RTVCE y los responsables políticos tienen la obligación de investigarlo y ofrecer las aclaraciones oportunas.
La credibilidad de un medio público no se defiende con silencios. Se defiende con transparencia, igualdad de trato y respeto absoluto al dinero de todos los ceutíes.
