El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sostendrá sin cambios su postura respecto al gasto en defensa durante la próxima cumbre anual de la OTAN que tendrá lugar en Ankara, Turquía. Frente a la presión ejercida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado una fuerte crítica y decepción hacia la aportación española, el líder socialista afirmará que el plan actual de inversión es suficiente para cumplir con los compromisos de la Alianza Atlántica, dando prioridad al mantenimiento del presupuesto social frente a las demandas financieras de Washington.
El martes próximo Sánchez se desplazará a la capital turca para participar en la reunión de líderes de la Alianza, organizada en esta ocasión por el presidente Recep Tayyip Erdogan. No obstante, el viaje presidencial tiene un condicionante familiar debido a la situación judicial de su esposa, Begoña Gómez, quien espera la resolución del juez Juan Carlos Peinado. Por habérsele retirado el pasaporte y prohibido salir del país como medidas cautelares por ser investigada por cuatro delitos, Gómez ha debido solicitar un permiso especial para acompañar a su marido y asistir a la agenda oficial destinada a los cónyuges de los mandatarios.
La ruptura del consenso del 5% y el conflicto diplomático por Irán
La reunión en Ankara, que se extenderá hasta el miércoles, se presenta con un alto grado de tensión. El foco principal será la evaluación de los mecanismos para lograr la meta acordada en la cumbre de La Haya del año pasado: elevar el gasto militar de cada miembro hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB). España fue el único de los 32 países que rechazó abiertamente ese acuerdo. Sánchez defiende que destinar un 2,1% del PIB para defensa es suficiente para responder a las necesidades operativas de la Alianza.
Este desacuerdo sobre las cifras se ha complicado aún más por un fuerte conflicto diplomático tras las recientes operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán. El Gobierno español se manifestó firmemente en contra de dicha intervención por considerarla contraria al derecho internacional. Como resultado, el Palacio de la Moncloa prohibió explícitamente el uso de las bases militares españolas de carácter estratégico para el ejército estadounidense, lo que generó una reacción negativa en la Casa Blanca.
A finales de junio, en una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump calificó directamente a España de “desastre” como socio y criticó de manera similar a otros países como Italia, Francia, Alemania y Reino Unido por su falta de apoyo logístico: “España es terrible (…) No quieren aportar nada; creen que todo es gratis”, comentó el mandatario estadounidense. En línea con estas declaraciones, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew G. Whitaker, confirmó esta semana que el descontento es significativo y que Trump está profundamente “decepcionado”.
Calma frente a las amenazas y cumplimiento del 2,1%
A pesar de la escalada verbal y la filtración de un correo del Pentágono en que se consideraba la posible suspensión de España dentro de la estructura de la OTAN, el Gobierno español ha minimizado la importancia de esas advertencias. Fuentes oficiales aseguran que mantienen “total tranquilidad” pues el tratado de la Alianza no prevé mecanismos legales para expulsar o suspender a un miembro y sostienen que la contribución española a la seguridad colectiva está fuera de duda. Sánchez fue claro: “No existe debate”.
La estrategia de la Moncloa consiste en demostrar que se cumplen los compromisos en sus propios términos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que España alcanzó en 2025 el objetivo previo de destinar el 2% del PIB a las fuerzas armadas. Aunque ahora Rutte solicita un mínimo del 3,5%, la delegación española acudirá a Ankara con la garantía de estar impulsando al menos 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) este mismo año. Estos programas, centrados en defensa antiaérea y sistemas de misiles, representan una inversión inmediata de más de 1.400 millones de euros, incluida en el macro Plan Tecnológico y Estratégico de Defensa y Seguridad, que cuenta con 10.471 millones de euros adicionales. El Ejecutivo mantiene que España es un socio confiable, avalado por ser el séptimo mayor contribuyente de los 32 países aliados y por su activa participación en misiones internacionales.
El PP demanda al Gobierno “una sola voz” ante la cumbre
En el ámbito interno, la política exterior genera tensiones. El Partido Popular (PP) ha reclamado al Ejecutivo una “posición clara, común y coherente” respecto a los compromisos internacionales de España para evitar mostrar una imagen dividida ante la Alianza. Para ello, la principal formación opositora presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley que busca enviar un “mensaje firme sobre el compromiso de España con la seguridad euroatlántica”.
El PP recordó en un comunicado los desacuerdos públicos dentro de la coalición de gobierno —donde uno de los socios defiende abiertamente la salida de la OTAN— y criticó que Sánchez firmara en la última cumbre de La Haya el compromiso de alcanzar un gasto del 5% del PIB para luego anunciar públicamente que no lo cumpliría. Asimismo, los populares instan a que España adopte un rol más activo y defienda con firmeza que el Flanco Sur (atendiendo al Mediterráneo, Sahel, Magreb y Oriente Próximo) se convierta en una prioridad estratégica real para la Alianza, dado su impacto directo sobre la seguridad nacional.
