El Gobierno de Ceuta ha defendido la legalidad de los contratos menores tramitados por el área de Festejos tras las denuncias formuladas por el PSOE y ha asegurado que desconocía que varias de las empresas adjudicatarias compartieran administrador único y, en algunos casos, domicilio social. Tanto la consejera de Educación, Cultura y Juventud y portavoz del Ejecutivo, Pilar Orozco, como el asesor delegado de Festejos, Eduardo Ayala, sostuvieron que todos los expedientes cuentan con informes jurídicos favorables y han sido tramitados conforme a la legislación vigente.
La comparecencia del Ejecutivo se produjo un día después de que el secretario de Organización del PSOE de Ceuta, Antonio Coronil, anunciara que remitirá a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas documentación sobre un supuesto fraccionamiento sistemático de contratos menores relacionados con las campañas de Navidad y Carnaval. Los socialistas sostienen que cuatro sociedades acumularon adjudicaciones por valor de 445.000 euros y que, en algunos procedimientos, llegaron a presentar dos o incluso las tres ofertas concurrentes pese a compartir administrador.
Preguntado por estas circunstancias, Eduardo Ayala aseguró que las desconocía. «Yo, personalmente, sí lo desconocía», afirmó, al tiempo que descartó dimitir por las acusaciones de la oposición. En la misma línea, Pilar Orozco explicó que únicamente conoce esa información por las manifestaciones realizadas por el PSOE y defendió que la Consejería ha actuado siempre dentro de los procedimientos establecidos.
Durante la comparecencia, Ayala reconoció además que su suegro trabaja en una pescadería que este año obtuvo, por primera vez, contratos menores para el suministro de productos navideños. En concreto, la empresa resultó adjudicataria de un contrato para el suministro de polvorones y de otro para la adquisición de caramelos, mientras que un segundo contrato para este último suministro fue adjudicado a una empresa distinta. El asesor insistió en que esa relación familiar no guarda ninguna vinculación con las adjudicaciones realizadas por la Ciudad Autónoma.
La consejera defendió que todas las contrataciones cuestionadas disponen de los informes preceptivos y han superado los controles administrativos correspondientes. «Todos los expedientes cuentan con todos los informes correspondientes», subrayó, antes de recordar que el contrato menor es una figura prevista en la Ley de Contratos del Sector Público para atender determinadas necesidades de la Administración.
Orozco también destacó que fue la propia Consejería la que facilitó al PSOE toda la documentación solicitada y recordó que los contratos son públicos y cuentan con trazabilidad administrativa.
Parte de la defensa del Ejecutivo se centró en las contrataciones artísticas, al señalar que muchas responden a derechos de exclusividad que obligan a recurrir a contratos menores o procedimientos negociados sin publicidad. No obstante, buena parte de los expedientes cuestionados por el PSOE corresponden a suministros como vestuario, producción audiovisual o productos alimentarios, entre ellos caramelos y polvorones.
Respecto a las diferencias de precio entre algunos eventos celebrados en distintos años, la consejera restó relevancia a las comparaciones al considerar que cada espectáculo tiene características y costes diferentes. «Hay artistas que tienen un caché y otros tienen otro», resumió.
La portavoz del Gobierno también respondió a las anomalías administrativas señaladas por el PSOE, entre ellas la incorporación a un expediente de un documento firmado por el exconsejero Carlos Rontomé cuando ya no ocupaba el cargo. Según explicó, se trató de un error material derivado de la inclusión de un documento perteneciente a un expediente de 2021, una incidencia que puede corregirse mediante los procedimientos administrativos previstos y que, a su juicio, no afecta a la validez jurídica del expediente.
Por su parte, Ayala rechazó «rotundamente» las acusaciones formuladas por el PSOE y anunció que estudia emprender acciones legales por un posible delito de injurias y calumnias al considerar que las declaraciones realizadas por los socialistas afectan a su honor y a su reputación.
El asesor defendió igualmente el papel que desempeña dentro de la Consejería y explicó que sus funciones se limitan a colaborar en la organización de los eventos, contactar con proveedores, solicitar presupuestos y trasladar esa información al departamento competente. «Solicitar un presupuesto no significa ser el órgano de contratación», afirmó, insistiendo en que carece de capacidad para intervenir en la adjudicación de contratos.
La comparecencia concluyó con una defensa del modelo de gestión de Festejos. Orozco aseguró que el Gobierno apuesta por una programación cultural de calidad y por fomentar una mayor participación de la iniciativa privada en la organización de eventos. Como ejemplo citó el concierto de Andy y Lucas, organizado mediante un modelo en el que la empresa promotora asumió la venta de entradas mientras la Ciudad cedía el espacio de las Murallas Reales. Aunque reconoció que esta fórmula no siempre resulta viable por razones de rentabilidad económica, reiteró que todas las contrataciones realizadas por su departamento se ajustan a la normativa vigente y cuentan con las garantías administrativas exigidas.
