La formación llevará al próximo Pleno una iniciativa para regular las funciones de los tribunales calificadores y establecer un protocolo sobre el uso de la inteligencia artificial en la Administración.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) propondrá en la próxima sesión resolutiva del Pleno de la Asamblea la elaboración y aprobación de un Manual para Tribunales de los procesos selectivos de la Administración local y de las sociedades municipales con el objetivo de reforzar la transparencia y las garantías en las oposiciones.
La iniciativa plantea la creación de un protocolo que regule de forma detallada las funciones de los miembros de los tribunales calificadores en la confección, custodia y corrección de las pruebas, así como en la elaboración de las actas, con el fin de garantizar la transparencia durante todo el procedimiento.
Además, el MDyC propone que la Ciudad adopte una política específica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la Administración local. La formación considera necesario elaborar un estudio sobre su impacto y adecuar su utilización a lo establecido en el Reglamento (UE) 2024/1689, que regula la inteligencia artificial en el ámbito europeo.
Según explica el grupo municipal, la implantación de estas tecnologías ha generado nuevos escenarios que requieren una regulación clara. En este sentido, señala que diversas administraciones locales ya han desarrollado normas y protocolos para establecer los límites y condiciones de uso de la inteligencia artificial.
Acabar con la desconfianza en las oposiciones
El MDyC sostiene que esta medida también pretende poner fin a procesos selectivos que, a su juicio, han estado «bajo la sombra de la sospecha», citando como ejemplos los casos de OBIMASA y del SEIS.
La formación afirma que la confianza de muchos opositores en la objetividad, la igualdad y la seguridad jurídica de los procedimientos selectivos se ha visto deteriorada, por lo que considera necesario reforzar los mecanismos de control y transparencia.
Asimismo, recuerda que administraciones como las de Bilbao o Canarias ya cuentan con manuales y protocolos específicos que regulan la actuación de los tribunales calificadores, e insta al resto de grupos políticos de la Asamblea a respaldar la propuesta para que tanto la Ciudad como las sociedades municipales dispongan de un procedimiento común más allá de lo previsto en las bases de cada convocatoria.
