El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, describió la llegada masiva de personas desde Marruecos como una “violación de la integridad territorial de España” y se comprometió a emplear “todos los mecanismos” del Estado para recuperar la seguridad en Ceuta. El Ejecutivo incrementará el despliegue policial, instalará una barrera de boyas junto al espigón y agilizará las devoluciones con la colaboración de las autoridades marroquíes.
Este viernes, Sánchez aumentó el nivel de respuesta del Gobierno frente a la crisis migratoria en Ceuta, tras desplazarse a la ciudad autónoma con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para evaluar la situación directamente.
El jefe del Ejecutivo afirmó que las entradas registradas en las últimas horas constituyen una “violación de la integridad territorial de España” y expresó su apoyo a los residentes de Ceuta. Además, garantizó que el Gobierno utilizará todos los recursos disponibles para recuperar la normalidad, proteger las fronteras y asegurar la convivencia.
Sánchez atribuyó el aumento súbito de llegadas a una “interpretación interesada” de una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre personas interceptadas en el mar al intentar alcanzar Ceuta o Melilla a nado.
Según el presidente, las redes vinculadas al tráfico de personas difundieron la idea de que quienes accedieran por vía marítima no podrían ser devueltos de inmediato porque no habrían superado una barrera física en la frontera. Este mensaje se extendió rápidamente y motivó a miles de jóvenes a intentar el cruce.
Esta explicación refleja la interpretación del Gobierno sobre la causa del movimiento migratorio. La sentencia no prohibe todas las devoluciones, sino que limita la aplicación automática del rechazo en frontera a quienes son interceptados en el mar sin haber atravesado un elemento físico que actúe como freno.
Ante esta situación, el Ejecutivo anunció la incorporación de 400 efectivos adicionales de Policía Nacional y Guardia Civil. Estos agentes se sumarán a las fuerzas ya presentes y a los militares desplegados para apoyar las labores de vigilancia, seguridad y asistencia en la ciudad.
Sánchez confirmó además que se ha solicitado la instalación de boyas en el espigón fronterizo del Tarajal. El objetivo es establecer una barrera física que mejore el control marítimo y ajuste el operativo a la interpretación dictada por el Tribunal Supremo.
El presidente indicó que ya comenzaron las primeras expulsiones de personas que entraron de manera irregular y agradeció la colaboración de Marruecos para acelerar estos retornos. El Ejecutivo español rechazó responsabilizar a Rabat por la crisis, centrándose en cambio en las organizaciones criminales que difunden información falsa.
Las devoluciones respetarán los procedimientos legales vigentes y tendrán en cuenta las circunstancias particulares de cada persona. Los menores no acompañados, las personas que puedan solicitar protección internacional y otros grupos vulnerables recibirán garantías específicas y no podrán ser objeto de expulsiones colectivas automáticas.
La crisis ha provocado al menos 27 fallecimientos, según el último balance provisional, principalmente de personas que murieron al intentar alcanzar Ceuta nadando desde la costa marroquí. Las tareas de búsqueda permanecen activas y la cifra podría variar conforme avancen las operaciones de emergencia.
Sánchez responsabilizó a las redes mafiosas de poner en riesgo la vida de quienes emprendieron el cruce y defendió la política migratoria de su Gobierno, basada en el control fronterizo, la cooperación con países de origen y tránsito, la lucha contra las organizaciones criminales y las iniciativas de integración.
El presidente también recordó que la frontera entre África y Europa representa una de las mayores desigualdades económicas del mundo, una situación que, según afirmó, aumenta la presión migratoria sobre España y exige mantener una cooperación continua con países como Marruecos, Mauritania y Senegal.
