España y Marruecos mantienen un convenio de extradición desde hace casi veinte años que ha servido de base para la colaboración judicial entre ambos países. No obstante, la amenaza por parte del Gobierno de Rabat de suspender este acuerdo ha resaltado un mecanismo que cuenta con cientos de entregas, pero también con múltiples solicitudes negadas por tribunales españoles.
El vigente acuerdo de extradición se firmó el 24 de junio de 2009 en Rabat y entró en vigor de manera definitiva en septiembre de 2012. En el contexto de la tensión diplomática causada por la crisis migratoria en Ceuta, Marruecos ha anunciado que está valorando suspender su aplicación, alegando dificultades en la entrega de personas reclamadas por la justicia marroquí.
El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha puesto en duda la operatividad del sistema y ha expresado que, en ciertas situaciones, funcionarios de Marruecos viajan a España para recoger a personas reclamadas, pero finalmente la entrega no se realiza debido a que los detenidos quedan en libertad.
Desde la perspectiva de Rabat, hay una falta de reciprocidad y solicitan que España cumpla con mayor estrictitud los procedimientos contemplados en el convenio bilateral. Esta situación genera un nuevo punto de fricción en una relación que combina cooperación estratégica con frecuentes desacuerdos.
Un acuerdo firmado para fortalecer la cooperación judicial
El primer marco legal sobre extradición entre España y Marruecos se estableció en 1997, con un convenio que sentó las bases para la entrega de personas requeridas por ambos Estados.
Dicho acuerdo incorporaba principios esenciales, como la negativa a extraditar a nacionales y la exclusión de los delitos políticos. Asimismo, establecía que los delitos de terrorismo no debían considerarse dentro de la categoría de delitos políticos.
Para actualizar la cooperación judicial, ambos países firmaron un nuevo convenio en 2009, que reemplazó al anterior y es el que permanece vigente en la actualidad.
El tratado estipula que la extradición puede solicitarse cuando los delitos por los que se requiere a una persona conlleven una pena mínima: al menos dos años de prisión para personas que aún están siendo procesadas y seis meses cuando hay una sentencia firme.
A pesar de las actuales tensiones, este acuerdo ha posibilitado una colaboración extensa entre los sistemas judiciales de España y Marruecos.
Los principales casos rechazados por España
Desde 2018, España ha denegado 92 solicitudes de extradición originadas en Marruecos. Las razones judiciales responden a diversos motivos establecidos en la legislación española y en el propio convenio bilateral.
2026: un caso previamente juzgado en España
Un caso reciente se centró en la negativa a extraditar a un ciudadano marroquí condenado en España por responsabilidad en una patera en la que fallecieron 16 personas.
La Audiencia Nacional determinó que los hechos por los que Marruecos solicitaba la entrega ya habían sido juzgados en España. El condenado cumplía nueve años de prisión por delitos vinculados con inmigración ilegal y homicidio imprudente.
Aunque el tribunal reconoció que la petición marroquí cumplía inicialmente con los requisitos del convenio, rechazó la entrega debido a la existencia de una sentencia previa sobre los mismos hechos.
2025: insuficiente información sobre los delitos
En diciembre de 2025, la Audiencia Nacional denegó otra extradición solicitada por Marruecos contra un ciudadano acusado de integrar una red dedicada al transporte irregular de inmigrantes en embarcaciones neumáticas.
Los jueces consideraron que la documentación remitada por Marruecos no especificaba suficientemente la participación concreta del reclamado en los hechos, incumpliendo los requisitos del acuerdo bilateral.
2024: delitos no previstos en España
Otro caso involucró a Issam Azmani, acusado por Marruecos de pertenecer a una organización dedicada al traslado ilegal de personas hacia Europa.
La Audiencia Nacional rechazó esta extradición pues los delitos atribuidos carecían de una equivalencia clara en el Código Penal español, un requisito indispensable para autorizar la entrega.
2023: deficiencias en la documentación judicial
En enero de 2023, España negó la extradición de Yassin S., acusado por Marruecos de liderar una red de tráfico de migrantes.
El tribunal indicó que faltaba una valoración judicial marroquí que justificara la necesidad y proporcionalidad de la solicitud. Según la Audiencia Nacional, esta omisión podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad personal y las garantías procesales.
El caso emblemático que influyó en la relación judicial: Daniel Galván
Uno de los episodios más controvertidos en la extradición entre ambos países fue el de Daniel Galván Viña.
Galván, condenado en Marruecos por delitos sexuales contra menores, fue incluido por error en un indulto concedido por el rey Mohamed VI junto a otros presos españoles en 2013, provocando una reacción social y política en Marruecos.
Tras ser detenido en España, Marruecos solicitó su extradición. No obstante, la Audiencia Nacional rechazó entregarlo, en parte porque el convenio excluye la extradición de nacionales españoles y porque España optó por que cumpliera la condena pendiente en territorio nacional.
El debate sobre la función del fiscal marroquí
Un tema que ha suscitado discusión en años recientes es que muchas solicitudes de extradición desde Marruecos son presentadas por el fiscal del rey en lugar de un juez.
Esta situación fue analizada por el Tribunal Constitucional español para determinar si ello afectaba las garantías judiciales.
Luego de estudiar el sistema marroquí, el Constitucional validó en 2024 las extradiciones solicitadas por la Fiscalía de Marruecos al concluir que el fiscal del rey pertenece al poder judicial y que sus actuaciones pueden ser legítimas bajo el convenio bilateral.
Esta resolución aseguró la continuidad del modelo de cooperación vigente entre ambos países.
Un acuerdo en medio de presiones diplomáticas
Aunque el convenio de extradición sigue en vigor, la intención de Marruecos de suspenderlo introduce un nuevo punto de fricción en las relaciones bilaterales.
La inmigración irregular, la seguridad en las fronteras y la cooperación judicial permanecen como asuntos prioritarios entre Madrid y Rabat. Mientras España subraya la necesidad de conservar una relación estratégica con Marruecos, el Ejecutivo marroquí utiliza actualmente el acuerdo de extradición como un argumento en una disputa diplomática más amplia.
