Miguel Ángel Pérez Triano asegura que las comunicaciones entre el CNI y su Gabinete eran intercambios informativos y que nunca tuvo conocimiento de una advertencia sobre una entrada masiva
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha defendido este miércoles la actuación de la Delegación durante la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio y ha rechazado que recibiera una alerta del CNI que permitiera anticipar la entrada masiva.
Triano ha asegurado que no conoció los mensajes ni las llamadas intercambiadas entre un miembro del CNI y personal de su Gabinete en los días previos a la crisis.
Según ha explicado, esas comunicaciones no constituían una alerta formal ni un informe dirigido al delegado. “No conocí las conversaciones ni sus llamadas”, ha señalado.
El delegado ha insistido en que un mensaje de WhatsApp no puede equipararse a una comunicación oficial de alerta. En este sentido, ha explicado que, cuando existe una amenaza considerada grave, el CNI dispone de otros canales para trasladar esa información a las autoridades.
“No hablaban de la entrada de 180.000 personas”
Uno de los elementos que ha centrado las preguntas es la referencia del CNI a grupos de redes sociales con decenas de miles de seguidores.
Triano ha rechazado que esa comunicación significara que se estuviera anunciando la llegada masiva que finalmente sufrió Ceuta.
A su juicio, se está interpretando ahora aquella información conociendo ya lo que ocurrió posteriormente. El delegado ha defendido que las comunicaciones hacían referencia a determinados grupos y convocatorias en redes sociales, pero no anticipaban una entrada de miles de personas de la dimensión que finalmente se produjo.
“Si ahora sacamos de contexto este informe parece que estaba advirtiendo”, ha señalado.
El delegado ha reconocido, eso sí, que en aquellos días existía un contexto migratorio especialmente complicado. La presión sobre Ceuta estaba aumentando y las autoridades trabajaban con la previsión de posibles intentos de entrada.
Sin embargo, ha insistido en que nadie podía prever la magnitud de la avalancha.
La Guardia Civil ya había pedido reforzar medidas
Durante su comparecencia, Triano también ha hecho referencia a las medidas que se estaban adoptando antes del 30 de julio.
En concreto, ha señalado que la Guardia Civil ya había planteado el 8 de julio la necesidad de reforzar determinadas medidas ante el incremento del riesgo de entradas a nado.
La Delegación, según su versión, estaba trabajando dentro de ese escenario de presión creciente.
El problema, ha defendido, es que la dimensión de lo ocurrido superó cualquier previsión existente.
Triano descarta dimitir
Las declaraciones del delegado se producen en un momento de máxima presión política sobre el Gobierno y sobre su propia gestión.
El Partido Popular sostiene que los documentos desclasificados demuestran que existían avisos previos y reclama responsabilidades al Ejecutivo y a Marlaska.
Triano, por su parte, ha rechazado que su actuación pueda ser cuestionada a partir de comunicaciones que, según sostiene, no llegaron a su conocimiento como alertas oficiales.
El delegado ha defendido el trabajo realizado por su equipo y ha dejado claro que no considera que existan motivos para presentar su dimisión.
La polémica se produce además después de que el Gobierno haya hecho públicos alrededor de 40 documentos relacionados con la crisis. Entre ellos aparecen comunicaciones del CNI con la Delegación del Gobierno y con la Guardia Civil.
La publicación de estos documentos ha abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre qué sabía el Estado antes del 30 de julio, quién recibió esa información y qué nivel de respuesta podía haberse activado.
Mientras el Gobierno sostiene que no existió ninguna advertencia concreta sobre una entrada masiva de la magnitud que finalmente se produjo, la oposición considera que los documentos evidencian que sí hubo señales previas que debieron provocar una respuesta mayor.
La controversia queda ahora también vinculada a la investigación judicial abierta sobre los acontecimientos y a la responsabilidad de las distintas instituciones durante las horas previas a la entrada masiva.
