La ONG Women’s Link ha presentado una comunicación urgente ante seis mecanismos de la ONU por miedo a represalias y defiende la competencia de los tribunales españoles.
El litigio relacionado con las denuncias de dos antiguas empleadas del cantante Julio Iglesias ha alcanzado una dimensión internacional. La organización sin ánimo de lucro Women’s Link ha enviado una comunicación urgente a seis mecanismos especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para pedir su intervención en este asunto, manifestando un «fundado miedo a represalias» contra las demandantes y sus familias, derivado del proceso iniciado por supuestos abusos cometidos en 2021 en las residencias del artista en Bahamas y República Dominicana.
Esta acción ante la ONU coincide con la querella presentada el 3 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia en España. Previamente, en enero de 2026, las extrabajadoras presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivable semanas después al considerar el Ministerio Público que los tribunales españoles carecían de competencia territorial para investigar hechos que habrían ocurrido en el extranjero. Por su parte, la defensa del artista, a cargo del abogado José Antonio Choclán, ha reiterado la inexistencia de jurisdicción española.
Mediante el escrito dirigido a relatores especiales de la ONU sobre violencia contra la mujer, esclavitud contemporánea y discriminación, la ONG manifiesta gran preocupación por la posible falta de cumplimiento del Estado español en sus obligaciones investigativas. Además, solicita que los expertos internacionales pidan información al Gobierno sobre las medidas de protección que se asegurarán para las denunciantes —identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura—, resaltando el desequilibrio provocado por la posición económica y social del acusado.
La defensa legal de las trabajadoras señala problemas estructurales en el acceso a la justicia para mujeres migrantes del servicio doméstico, destacando que las situaciones de vulnerabilidad social no deben constituir un impedimento administrativo. En el documento presentado ante la ONU se mencionan precedentes donde España fue advertida por la falta de diligencia en la investigación de violaciones de derechos humanos, incluyendo la resolución del Comité CEDAW en 2014 por el ‘caso Ángela González Carreño’ y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en octubre de 2024 en relación con el ‘caso T.V. c. España’.
