La Memoria Anual del Ministerio Público indica retrasos extremos de hasta 16 años desde la acusación hasta el juicio, con aplicación de atenuantes que reducen las penas.
En su Memoria Anual, la Fiscalía alerta sobre el deterioro estructural que afecta a la Administración de Justicia en España. Bajo la dirección de la fiscal general Teresa Peramato, el Ministerio Público advierte que los bloqueos en los tribunales están debilitando la respuesta penal ante delitos de corrupción y violaciones relacionadas con siniestralidad laboral, ocasionando una reducción constante de las condenas y un impacto negativo para las víctimas.
El informe de Anticorrupción identifica que el principal retraso no se produce en la fase de instrucción, sino en la fase intermedia y en el señalamiento de las vistas orales tras la presentación de los escritos de acusación. La Memoria recoge casos extremos como diligencias gestionadas en la Audiencia Nacional cuya acusación se presentó en 2009 y el juicio no se celebró hasta finales de 2025, acumulando casi 17 años de espera. Esta situación también afecta a grandes procesos como las piezas separadas de los ERE de Andalucía, donde expedientes como el de Altadis acumulan más de cuatro años de retraso sin fecha de juicio prevista.
La carencia de recursos materiales, la falta de salas amplias y la escasez de magistrados provocan la aplicación sistemática del atenuante de dilaciones indebidas —en varios casos de manera muy cualificada—. Esta circunstancia obliga al Ministerio Público a acordar conformidades casi obligadas, distorsionando la práctica de las pruebas y la efectividad de las sanciones penales. Un escenario similar se observa en los juzgados encargados de accidentes laborales, donde el plazo medio para dictar sentencia ronda los seis años desde la fecha del siniestro, habiéndose dictado condenas en 2025 por hechos ocurridos en 2006.
Para cambiar esta tendencia, la Fiscalía deposita su confianza en las herramientas de agilización introducidas por la reciente Ley Orgánica 1/2025 para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia, como la audiencia preliminar en procedimientos abreviados. Sin embargo, el órgano fiscal enfatiza la necesidad urgente de una reforma estructural más amplia que incluya la creación de juzgados y tribunales especializados en materia económica, para evitar que procesos penalmente complejos terminen prescribiendo o concluyan con sanciones meramente simbólicas.
