EDITORIAL TELECEUTA
Hay momentos en política en los que las palabras de un dirigente adquieren un significado que va mucho más allá de una disputa interna. Las declaraciones de Sebastián Guerrero sobre la nueva gestora del PSOE de Ceuta abren precisamente uno de esos momentos: el de preguntarse qué ha ocurrido dentro del socialismo ceutí para llegar hasta aquí y, sobre todo, qué responsabilidad tienen quienes han tomado determinadas decisiones políticas e institucionales.
Guerrero denuncia que la nueva gestora se ha decidido sin consenso con quienes ejercen actualmente la representación socialista en la Asamblea y que la dirección federal ha optado por una composición que, a su juicio, supone la continuidad de una estructura que ya ha demostrado sus limitaciones. También afirma que los intentos de diálogo con Madrid no han sido escuchados.
Pero sería un error contemplar este episodio únicamente como una disputa entre dirigentes. Hay cuestiones de fondo que merecen ser explicadas a la militancia y a la ciudadanía.
Porque la lealtad política no puede consistir en callar cuando se toman decisiones unilaterales. Tampoco puede confundirse la disciplina de partido con aceptar sin explicación cambios en representantes de consejos de administración de sociedades municipales, especialmente cuando esas decisiones afectan directamente a la representación institucional del PSOE y a su posición política ante el Gobierno de la Ciudad.
Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.
Mientras desde una parte del socialismo ceutí se reclama a Ferraz diálogo, respeto y lealtad, desde el ámbito municipal se han producido decisiones que han sido interpretadas como alejadas de las posiciones defendidas por la dirección nacional del PSOE. Esa divergencia merece una explicación política, no simplemente orgánica.
También resulta legítimo preguntarse qué significa realmente ser oposición en Ceuta.
Un grupo municipal socialista debe ejercer su función fiscalizadora frente al Gobierno del Partido Popular. Cuando determinadas actuaciones institucionales terminan facilitando la estabilidad, los intereses o las decisiones del Gobierno de Juan Vivas, es razonable que la militancia y los ciudadanos quieran saber dónde termina la responsabilidad institucional y dónde comienza la coincidencia política.
Y esa pregunta es especialmente pertinente cuando se producen cambios de representantes en órganos de empresas públicas o sociedades municipales sin que, aparentemente, exista una explicación política suficientemente conocida por quienes sostienen las siglas socialistas.
No se trata de afirmar que quienes ocupan esos puestos actúen exclusivamente por interés personal. Eso exigiría pruebas. Pero sí de plantear una cuestión política incómoda: ¿qué pesa más en determinadas decisiones, el proyecto socialista y las directrices políticas del PSOE o la conservación de espacios institucionales, remuneraciones y posiciones de poder?
Porque si la política termina reduciéndose a conservar asientos, salarios y parcelas de representación, entonces el problema deja de ser exclusivamente orgánico. Se convierte en un problema de credibilidad.
La militancia socialista merece saber por qué se adoptan determinadas decisiones y quién las decide. Merece saber por qué una parte de sus representantes parece mantener posiciones que pueden entrar en contradicción con las directrices políticas de la organización. Y merece saber, sobre todo, si el PSOE de Ceuta pretende ejercer una oposición clara al Gobierno del Partido Popular o si está dispuesto a asumir acuerdos y dinámicas que puedan terminar beneficiando políticamente al Ejecutivo de Juan Vivas.
La crítica de Sebastián Guerrero también coloca otro asunto encima de la mesa: la distancia entre la dirección federal y la realidad de Ceuta.
Si, como sostiene el portavoz socialista, se intentó alcanzar un acuerdo con Madrid y esos intentos no fueron atendidos, la dirección federal debería explicar los motivos de su decisión. Pero exactamente igual debería explicarse la actuación de quienes, desde Ceuta, han tomado decisiones institucionales que han generado malestar dentro del propio espacio socialista.
La palabra «lealtad» aparece con demasiada frecuencia en estas guerras internas. Sin embargo, la verdadera lealtad a un partido democrático no debería medirse por la capacidad de obedecer silenciosamente a una dirección ni por la fidelidad personal a determinados dirigentes.
La lealtad debería medirse por la coherencia entre lo que se defiende ante los ciudadanos y lo que se hace cuando se ocupan responsabilidades institucionales.
Y ahí está probablemente el núcleo de esta crisis.
Si el PSOE de Ceuta quiere recuperar la confianza de sus militantes y de la ciudadanía, necesita algo más que cambiar nombres en una gestora. Necesita transparencia, explicaciones y una discusión política abierta sobre su papel en la ciudad.
Porque una organización socialista no puede pedir a sus militantes que permanezcan unidos mientras sus propios representantes actúan, a ojos de muchos, sin una estrategia común. Tampoco puede reclamar unidad mientras las decisiones importantes parecen adoptarse sin el consenso de quienes después tienen que defenderlas públicamente.
Guerrero habla de recuperar el PSOE de Ceuta «como una herramienta democrática y útil para la ciudadanía». Esa debería ser precisamente la cuestión central.
Ni Ferraz puede pretender resolver desde Madrid todos los problemas de Ceuta, ni quienes tienen responsabilidades en Ceuta pueden comportarse como si las siglas socialistas fueran patrimonio particular de quienes ocupan determinados puestos.
Los cargos pasan. Los gobiernos pasan. Los representantes pasan.
Lo que debería permanecer es el proyecto político y el compromiso con quienes votan esas siglas.
Por eso, antes de hablar de gestoras, ejecutivas y repartos internos, habría que responder a una pregunta mucho más sencilla: ¿para qué quiere estar el PSOE en las instituciones de Ceuta?
Si la respuesta es para defender un proyecto político socialista, entonces las decisiones deben ser coherentes con ese objetivo, incluso cuando resulte incómodo.
Si la respuesta acaba siendo conservar puestos, remuneraciones y espacios de poder institucional, entonces la militancia tiene derecho a pedir explicaciones.
Y quizá esa sea la verdadera crisis que hoy atraviesa el socialismo ceutí: no quién ocupa una silla, sino para qué se ocupa y a quién se está representando cuando se toma una decisión desde ella.
