Este jueves, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón toma declaración como testigos al exjefe de gabinete del antiguo delegado del Gobierno en Ceuta y al responsable de la Policía Local en relación con la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.
La Audiencia Nacional prosigue la investigación sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio. La jueza María Tardón ha convocado este jueves a declarar como testigos a Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma Miguel Ángel Pérez Triano, junto con el responsable de la Policía Local de Ceuta.
La comparecencia de Gonzalo Sanz se produce tras su renuncia al cargo, después de que se diera a conocer que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mediante WhatsApp y que mantuvo una llamada telefónica de aproximadamente once minutos con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los acontecimientos investigados.
Asimismo, esta declaración se enmarca después de la dimisión a principios de semana de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno en Ceuta. Durante la rueda de prensa en la que anunció su renuncia, Triano declaró haber alertado al Ejecutivo «semanas antes» de que sucediera la llegada masiva de migrantes a territorio ceutí.
Por el momento, el exdelegado del Gobierno no ha sido convocado para declarar en esta causa.
Estas declaraciones se realizan un día después de que el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, prestara declaración ante la jueza. Vivas habló durante más de dos horas y detalló que intentó comunicarse hasta en diez ocasiones con la Presidencia del Gobierno en los días previos a la llegada masiva.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Vivas indicó a la jueza que desde Moncloa se habría restado importancia a la situación al considerarla una crisis migratoria habitual.
Durante su declaración, el presidente de Ceuta también señaló que sostuvo una reunión con el entonces delegado del Gobierno, a quien solicitó un aumento de efectivos de seguridad y que el Ejecutivo asumiera el mando único en la gestión de la crisis.
