El presidente autonómico explica en la Audiencia Nacional que solicitó formalmente refuerzos policiales preventivos por el colapso del sistema de menores, aunque el Gobierno central redirigió las alertas a la Delegación del Gobierno.
MADRID.— Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha declarado este miércoles como testigo ante la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional, dentro de la investigación sobre lo ocurrido antes, durante y después de la llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. Tras salir del juzgado, donde la administración ceutí actúa como acusación particular, Vivas confirmó que informó con detalle a Moncloa sobre las advertencias que fueron desatendidas antes de que se desencadenara la crisis.
El dirigente autonómico explicó que, días antes de los sucesos, pidió formalmente al Gobierno central adoptar tres medidas urgentes: declarar la emergencia nacional, establecer un mando único y proporcionar un refuerzo importante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ninguna de esas solicitudes fue atendida a tiempo por el Ejecutivo estatal.
Un fuerte aumento de llegadas que disparó las alertas locales
Vivas señaló ante la juez que, aunque no tuvo acceso a informes de agencias de inteligencia como el CNI, los datos epidemiológicos, sociales y de seguridad de Ceuta demandaban una acción preventiva inmediata. En solo diez días, la ciudad recibió a 1.500 personas, mientras que el número de menores no acompañados bajo tutela local creció de 180 a 800.
“Estas circunstancias eran una señal clara para implementar medidas preventivas. No se declaró la emergencia nacional ni se estableció un mando único y cualquier refuerzo policial que existió no fue significativo, como quedó claro en el momento de la entrada masiva”, afirmó el presidente ceutí ante la prensa.
Diez intentos de contactar a Sánchez con respuestas limitadas
Al relatar los hechos entre el 27 y 29 de julio, Vivas detalló que se realizaron diez intentos de comunicación mediante llamadas y mensajes directos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Solo en tres ocasiones la Ciudad Autónoma recibió respuesta, y siempre a través del jefe de Gabinete de la Presidencia.
En los dos primeros casos se argumentó que la gestión se abordaba exclusivamente como un asunto migratorio. En la tercera comunicación, Moncloa indicó formalmente que cerraba esa línea directa y que cualquier futura conversación debía realizarse por medio del delegado del Gobierno en Ceuta.
El presidente ceutí finalizó destacando que lo sucedido en Ceuta constituye “el desafío más serio para la seguridad nacional de España en las últimas cinco décadas” y expresó su esperanza de que la investigación de la Audiencia Nacional permita establecer las responsabilidades institucionales de una crisis que sigue afectando a la población local.
