El sindicato defiende su independencia y pide garantizar la subida salarial pactada para los empleados públicos tras la convocatoria de elecciones generales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que no secundará la huelga general convocada para este otoño, al considerar que la movilización, prevista a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, tiene connotaciones políticas que no encajan con el carácter profesional e independiente de la organización.
CSIF recuerda que su actividad se centra en las cuestiones laborales y señala que durante los últimos años ha mantenido su propia hoja de ruta mediante movilizaciones relacionadas con los salarios, las pensiones, la sanidad y la mejora de los servicios públicos.
El sindicato destaca el acuerdo alcanzado para la mejora del empleo público, que permitió evitar una huelga general en las administraciones públicas. Entre sus principales compromisos figura una subida salarial del 11,4 % entre 2025 y 2028.
CSIF reclama que se mantenga la subida salarial
Tras la convocatoria de elecciones generales, CSIF asegura que vigilará que se garantice la aplicación de la subida salarial ya pactada para los empleados públicos.
En concreto, reclama que se haga efectivo mediante un Real Decreto el incremento previsto para 2027, del 4,5 %, junto con un 0,5 % adicional vinculado a la inflación.
La organización también reclama recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y actualizar las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
CSIF señala que continuará movilizándose en aquellos ámbitos directamente relacionados con sus competencias, entre ellos la Educación, Correos y la Agencia Tributaria.
Preocupación por el acceso a la vivienda
El sindicato también ha puesto el foco en la crisis de acceso a la vivienda y reclama un pacto de Estado para abordar el problema.
CSIF considera que el encarecimiento de la vivienda está afectando especialmente a los trabajadores públicos destinados en territorios con precios elevados. Según el sindicato, algunos empleados públicos están renunciando a plazas recién obtenidas o solicitando excedencias debido al coste de la vivienda.
La organización afirma que también se están produciendo situaciones de precariedad, como trabajadores obligados a compartir habitaciones, vivir alejados de sus familias o desplazarse a otros territorios para poder mantener su puesto de trabajo.
CSIF advierte de que esta situación puede terminar afectando a la prestación de los servicios públicos en las zonas con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
Entre las medidas que plantea figura la actualización de los complementos de destino para adaptarlos al coste de vida de cada territorio.
También propone extender el complemento de residencia a municipios y provincias peninsulares con precios de vivienda tensionados, siguiendo el modelo que ya se aplica en las islas y en las ciudades autónomas.
