Una madre de siete hijos lleva desde 2009 solicitando una vivienda pública mientras miles de familias continúan pendientes de una solución habitacional.
Una madre de siete hijos lleva 17 años esperando una vivienda social en Ceuta. Según su testimonio, paga 550 euros mensuales por una vivienda sin contrato en la que tampoco puede empadronarse. Su situación vuelve a poner de manifiesto las dificultades de acceso a una vivienda digna en la ciudad.
El problema va mucho más allá de este caso. EMVICESA recoge en su página oficial 6.073 solicitantes de vivienda, mientras que otras estimaciones recientes elevan la demanda por encima de las 8.000 personas. La diferencia entre ambas cifras plantea la necesidad de conocer cuántas solicitudes están realmente activas y cuántas familias reúnen los requisitos para acceder a una vivienda protegida.
La escasez de viviendas públicas, los elevados alquileres y las dificultades económicas de numerosas familias han convertido el acceso a una vivienda en uno de los principales problemas sociales de Ceuta.
La Ciudad dispone de un programa para incorporar viviendas privadas al alquiler destinado a familias en situación de emergencia habitacional. Sin embargo, queda por conocer cuántos inmuebles se han incorporado efectivamente y cuántas familias se han beneficiado.
El caso de esta madre plantea interrogantes que merecen una respuesta pública: ¿cuántas familias llevan más de diez años esperando?, ¿con qué criterios se establecen las prioridades?, ¿cuántas viviendas sociales están disponibles y cuántas se prevé entregar próximamente?
Diecisiete años de espera no son solo una historia personal. Son también una razón para exigir transparencia sobre la capacidad de respuesta de la política pública de vivienda en Ceuta.
