El Consejo de Ministros prevé levantar este martes el secreto de todos los informes reclamados por la jueza María Tardón. La documentación incluye comunicaciones sobre la actuación de Marruecos, la relación de autoridades que recibieron las alertas y una nota íntegra enviada a los servicios de inteligencia marroquíes.
La investigación judicial sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 afronta un nuevo capítulo. El Gobierno tiene previsto aprobar este martes, 10 de noviembre, la desclasificación de nuevos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con aquellos acontecimientos.
La decisión responde al requerimiento de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que solicitó al Ejecutivo toda la documentación clasificada necesaria para avanzar en la investigación. La jueza había establecido un plazo máximo de 15 días para recibir los informes.
Según la información adelantada por la Cadena SER y recogida por medios locales, el Ejecutivo tiene previsto levantar el secreto de todos los documentos reclamados, sin plantear objeciones a su entrega.
La nueva documentación puede resultar especialmente relevante para reconstruir qué información manejaban los servicios de inteligencia españoles antes y después de la entrada masiva, qué conocimiento tenían sobre la actuación de las autoridades marroquíes y qué responsables políticos e institucionales recibieron las advertencias.
Los informes apuntan a la pasividad de Marruecos
Uno de los aspectos centrales de los nuevos documentos será el análisis del CNI sobre la actuación de las autoridades marroquíes durante los acontecimientos del 30 de julio.
De acuerdo con la información publicada por la Cadena SER, los informes apuntalarían la hipótesis de una negligencia operativa de Marruecos, debido a la pasividad de sus fuerzas de seguridad en la vigilancia y el control de la frontera.
Sin embargo, esta documentación no reforzaría una teoría sobre una supuesta participación de las autoridades marroquíes en la organización de la entrada masiva.
Esta distinción resulta importante para la investigación: una cosa es determinar si existió una falta de vigilancia o una actuación negligente y otra acreditar que hubo una planificación institucional para facilitar el acceso de miles de personas a territorio español.
La jueza reclama conocer quién recibió las alertas del CNI
Otro de los elementos fundamentales de la investigación es identificar a los destinatarios de las comunicaciones de inteligencia.
La magistrada ha solicitado al Gobierno una relación detallada de las autoridades que recibieron las notas del CNI que ya fueron desclasificadas, especialmente las fechadas el 27 y el 30 de julio, así como las comunicaciones posteriores.
La documentación deberá incluir las fechas y horas de envío y una certificación de que los destinatarios recibieron efectivamente esas advertencias.
Este punto permitirá reconstruir la cadena de información institucional y determinar qué responsables conocían las alertas sobre el riesgo de una entrada masiva.
La nota enviada a Marruecos llegará sin tachaduras
La Audiencia Nacional también ha reclamado el texto íntegro de una comunicación remitida por el CNI a la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos (DGST).
Se trata de una nota en la que los servicios secretos españoles alertaban de la existencia de dos grupos en redes sociales con más de 180.000 seguidores que alentaban el asalto a Ceuta.
La magistrada había mostrado su disconformidad con la versión anteriormente remitida, que contenía tachaduras y fragmentos censurados. Ahora, Defensa entregará el documento completo para que la investigación pueda conocer toda la información que contenía.
Tres miembros del CNI podrán declarar como testigos
La nueva desclasificación también permitirá avanzar en la investigación mediante las declaraciones de tres integrantes del CNI.
Entre ellos figuran el responsable del servicio de inteligencia en Ceuta y el agente que trasladó información a la Unidad Central Especial número 3 (UCE3) de la Guardia Civil.
Sus testimonios podrán ayudar a aclarar cómo se recibieron las advertencias, qué información se compartió con otros organismos y qué conocimiento existía sobre los movimientos previos a la entrada masiva.
Además, el Ministerio de Defensa tiene previsto levantar el secreto de un informe elaborado el 4 de agosto por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).
Una investigación que sigue creciendo
Esta nueva entrega documental se suma a los 40 informes, comunicaciones, mensajes y alertas que el Gobierno hizo públicos el pasado mes de septiembre.
Aquella primera desclasificación permitió reconstruir parte de la actividad de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad durante las semanas anteriores a la crisis.
Entre los documentos ya conocidos figuraba una alerta del CNI del 29 de julio que advertía de convocatorias en redes sociales para intentar entrar en Ceuta por la valla y por el mar al día siguiente. Los mensajes circulaban en grupos de WhatsApp y Facebook con una audiencia conjunta de cientos de miles de usuarios.
La nueva documentación deberá completar esa secuencia y aportar información sobre las comunicaciones posteriores al inicio de la entrada masiva.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la desclasificación este martes. Su contenido será determinante para que la Audiencia Nacional pueda profundizar en las responsabilidades y esclarecer qué ocurrió durante una de las mayores crisis fronterizas vividas por Ceuta.
La cuestión central sigue siendo quién conocía las advertencias, qué información llegó a los responsables de seguridad y por qué no se pudo evitar una entrada masiva que desbordó los dispositivos fronterizos.
