El Tribunal Supremo ha establecido un criterio importante al determinar que el propietario que corta servicios básicos como luz, agua o gas a un ocupante ilegal sin ninguna autorización no comete un delito penal de coacciones. La Sentencia 426/2026 de la Sala de lo Penal delimita el alcance del artículo 172 del Código Penal, señalando que no se puede obligar a un dueño a sufragar indefinidamente los servicios esenciales a quien ha entrado en su inmueble de forma ilícita mediante usurpación o allanamiento.
Esta decisión parte de un caso originado en Vigo, donde se ratificó la condena de nueve meses de prisión por violencia de género y coacciones a un hombre que cortó el suministro eléctrico en la vivienda familiar tras iniciar un proceso de separación. En la resolución, los magistrados distinguen claramente la coacción ejercida contra un ocupante legítimo —como un cónyuge tras la separación— de las actuaciones del titular frente a personas que permanecen en la propiedad sin ningún derecho ni contrato.
Ausencia de delito cuando la ocupación no cuenta con título habilitante
La doctrina judicial enfatiza que lo determinante es la posesión o la falta total de respaldo legal del habitante. El Tribunal Supremo afirma que nadie está obligado a asumir la carga económica de quien ocupa su patrimonio sin derecho, eximiendo al propietario de responsabilidad penal si interrumpe los contratos con las compañías suministradoras o no paga los recibos generados por ocupantes ilegales.
Sin embargo, la sentencia aclara que los cortes o bajas no pueden hacerse automáticamente sin una comprobación previa legal. Para evitar responsabilidades penales por coacciones, el dueño debe demostrar de forma clara que la persona que ocupa la propiedad carece de autorización o contrato que lo justifique.
Exclusión explícita de los «inquiokupas» y casos controvertidos
El Supremo limita estrictamente la aplicación de esta doctrina, excluyendo expresamente a los inquilinos morosos o «inquiokupas». En estos casos, al existir un contrato de arrendamiento o título que permitió la entrada legal, el corte unilateral de suministros por parte del arrendador puede conllevar riesgo penal.
Asimismo, la resolución no ampara a cónyuges en procesos de divorcio, a ocupantes con consentimiento como familiares acogidos, ni a situaciones donde el ocupante presente documentos cuya validez esté en disputa judicial. En estos escenarios, el Tribunal exige que previamente se declare la invalidez del título en sede civil para que el propietario pueda suspender los servicios sin consecuencias penales.
