La Fiscalía Provincial de Madrid ha avanzado en el aspecto judicial relacionado con la difusión sin autorización de grabaciones entre el centro de control de Adif y los conductores de los trenes implicados en el accidente ocurrido en Urda (Toledo). Tras concluir las diligencias preliminares derivadas de una queja presentada por el sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro), el Ministerio Público ha encontrado indicios sólidos de delito y ha decidido presentar una denuncia formal ante los juzgados del Tribunal de Instancia de la capital, según el documento notificado este martes.
El decreto, firmado por la fiscal Patricia Galán Álvarez con fecha 5 de noviembre y registrado en el decanato de Madrid a la espera de asignación, representa que el órgano acusador asume la iniciativa penal en la causa. La acción del Ministerio Público se suma a las medidas adoptadas directamente en diferentes ámbitos judiciales por las organizaciones del sector, como el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), CCOO y UGT, que han acudido tanto al Juzgado de Instrucción de Orgaz como a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), señalando una presunta revelación de secretos y un posible incumplimiento en la protección de las pruebas.
Debate sobre la custodia de registros esenciales en la investigación
La filtración del audio permitió que el público conociera las instrucciones transmitidas entre los operadores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y las cabinas de los trenes durante la falla del sistema de señalización y freno automático LZB, que causó la detención en ruta de seis trenes antes del choque entre un convoy de Renfe y otro de Iryo el 28 de octubre. Los representantes sindicales exigen aclarar los protocolos de seguridad que protegían dichos registros así como identificar las responsabilidades penales de quienes accedieron a las bases de datos y facilitaron su divulgación externa.
Asimismo, sigue pendiente de resolución la denuncia presentada por Alferro ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes, Óscar Puente. Esta denuncia atribuía al exministro responsabilidad por haber reconocido públicamente el conocimiento sobre el contenido de las grabaciones y haber revelado detalles operativos en el ámbito parlamentario y mediático durante etapas confidenciales del proceso.
Presión sobre la dirección de Adif y la seguridad ferroviaria
La actuación del Ministerio Público genera presión sobre la gestión de Adif, en plena reestructuración tras la dimisión voluntaria de su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, y del propio exministro Puente. La existencia de indicios delictivos confirmados por la Fiscalía añade una dimensión penal a la crisis técnica que afronta el nuevo responsable de Transportes, el vicepresidente Carlos Cuerpo.
El inicio del procedimiento judicial en Madrid coincide con el comienzo formal de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y se sitúa próximo a la celebración del funeral de Estado en la Catedral de Toledo, manteniendo la protección de las comunicaciones ferroviarias como un elemento clave en la discusión sobre la seguridad en los servicios públicos.
