El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido anular provisionalmente la suspensión ordenada por un tribunal de distrito que impedía la construcción de un tramo del muro fronterizo promovido por la Administración de Donald Trump en el área de Big Bend, Texas. Esta medida posibilita la reactivación inmediata de los trabajos.
La decisión, adoptada mediante un fallo ‘per curiam’ que representa la opinión completa del tribunal, contó con una opinión disidente de la jueza Ketanji Brown Jackson. El Supremo atendió la solicitud urgente del Departamento de Justicia para revocar la paralización dictada en octubre por una corte federal texana, a raíz de una demanda presentada por grupos ecologistas y residentes de la zona.
Conflicto sobre exenciones ambientales
La controversia gira en torno a la potestad del secretario de Seguridad Nacional para aplicar la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA), que autoriza a omitir regulaciones medioambientales con el fin de acelerar la construcción de infraestructuras en «zonas con alta incidencia de entradas ilegales». El tribunal de Texas había bloqueado estas exenciones otorgadas por la Administración, alegando que no contaban con una «autorización clara del Congreso».
Sin embargo, el Supremo falló a favor del Ejecutivo, señalando que «es muy probable que prospere su argumento de que el tribunal de distrito no tenía jurisdicción» para conocer el caso. Según el Tribunal, la ley limita la intervención judicial a reclamaciones estrictamente constitucionales, y las controversias sobre abuso de autoridad estatutaria «no constituyen reclamaciones constitucionales».
Consecuencias económicas y medioambientales
El Tribunal Supremo también consideró que el equilibrio de daños favorece al Gobierno, dado que la paralización impide avanzar con los «intereses urgentes» en materia de seguridad fronteriza y genera unos costos diarios cercanos a medio millón de dólares que «no se recuperan».
Respecto a los daños ambientales y recreativos alegados por los demandantes, la sentencia sostiene que el Congreso estableció una «preferencia explícita por una construcción rápida» frente a esos perjuicios al redactar la ley, una valoración que los tribunales «no pueden anular a su discreción».
