La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 descarta ampliar las pesquisas a las ONG que prestaron asistencia a los inmigrantes, en el marco de la investigación impulsada tras una denuncia de Hazte Oír.
El juzgado de Ceuta que investiga las agresiones a militares y agentes de las fuerzas de seguridad durante los episodios registrados tras la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma ha rechazado investigar la posible presencia de radicales entre los participantes en aquellos incidentes.
La decisión ha sido adoptada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, María Luz Lozano, mediante un auto en el que, con el respaldo de la Fiscalía, desestima varias de las diligencias solicitadas por la asociación Hazte Oír, que presentó la denuncia para esclarecer los hechos.
La investigación se centra en los ataques registrados durante los días 27, 28 y 29 de agosto, en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Benzú, Villajovita, las Murallas Reales y San Amaro. Según publica La Razón, la magistrada ya había admitido anteriormente algunas actuaciones solicitadas por la asociación, como la orden a la Policía para conservar las grabaciones de los incidentes.
Sin embargo, ahora ha rechazado ampliar las diligencias para esclarecer si entre los inmigrantes implicados había personas vinculadas a movimientos radicales o si existía alguna relación entre esa posible presencia y las agresiones denunciadas.
La investigación tampoco se extenderá a las ONG
Otro de los aspectos relevantes del auto es la negativa de la magistrada a ampliar la investigación sobre las asociaciones y organizaciones no gubernamentales que trabajaron en la atención y asistencia a los inmigrantes.
Hazte Oír había solicitado que la Delegación del Gobierno facilitara una relación de las entidades y personas encargadas de distribuir efectos en espacios públicos y playas, así como información sobre las acreditaciones expedidas y las posibles incidencias registradas desde el pasado 20 de julio.
La asociación también había reclamado información a la Ciudad Autónoma y a los ministerios de Derechos Sociales y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las subvenciones, convenios, contratos de emergencia y pagos realizados durante los dos últimos años a las organizaciones que prestaron asistencia a los inmigrantes en Ceuta.
La instructora tampoco considera necesarias estas actuaciones, cerrando así, por el momento, la posibilidad de incorporar a la causa esa línea de investigación sobre la financiación y actividad de las entidades asistenciales.
Una investigación que continúa abierta
La resolución judicial no supone el archivo de la investigación sobre las agresiones denunciadas, sino que delimita las diligencias que se consideran necesarias para esclarecer los hechos.
El procedimiento busca determinar las circunstancias en las que se produjeron los ataques contra militares y agentes de seguridad, así como las posibles responsabilidades penales derivadas de aquellos episodios que tuvieron lugar en diferentes puntos de Ceuta.
La decisión de la juez introduce, no obstante, un nuevo elemento en una causa que ha despertado interés por las circunstancias excepcionales que rodearon la entrada masiva de inmigrantes y los posteriores incidentes registrados en la ciudad autónoma.
