Opinión Javier M
La designación del director accidental de la Autoridad Portuaria de Ceuta y las dudas planteadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos vuelven a situar sobre la mesa la necesidad de transparencia, cualificación y rendición de cuentas en la gestión de las instituciones públicas. Rafael Martínez Peñalver, representante colegial en Ceuta y ahora candidato del PP al Congreso, también debe aclarar qué seguimiento realizó de aquella controversia.
Al hilo de los trágicos accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, cobran especial relevancia las palabras del líder de la oposición cuando presenta su modelo de gestión bajo el lema de «gestión, gestión y más gestión». También cuando asegura que, si gobierna, habrá más técnicos e ingenieros y menos puestos políticos.
La afirmación resulta especialmente oportuna para examinar algunas decisiones adoptadas en Ceuta. Entre ellas, la designación del director accidental de la Autoridad Portuaria y las explicaciones que todavía merece aquella decisión.
En octubre de 2021, la Autoridad Portuaria de Ceuta cesó al anterior director, doctor ingeniero de Caminos que había dirigido el puerto durante veinte años. Su sustituto fue Adolfo Orozco Pérez, que hasta entonces ocupaba el puesto de responsable de Facturación.
La propuesta de nombramiento fue firmada por el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, el 14 de octubre. La ficha del nuevo director sitúa su nombramiento el día 20 de ese mismo mes.
El 19 de noviembre, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos recurrió la designación. La organización profesional cuestionó la acreditación de la experiencia y de parte de la formación invocada para justificar la idoneidad del candidato.
La propuesta presidencial describía a Orozco como «experto en economía, ingeniería y logística portuaria». Sin embargo, el Colegio puso en cuestión la concreción de esa formación y la acreditación de la experiencia profesional exigible.
Según los argumentos recogidos en el recurso, las funciones de policía administrativa y facturación no parecían justificar por sí solas la idoneidad necesaria para asumir la Dirección del puerto.
Por ello, Doncel debería explicar qué documentación permitió superar las objeciones planteadas y qué elementos se tuvieron en cuenta para considerar acreditados los requisitos legales.
Los requisitos legales y la justificación del nombramiento
El artículo 33 de la Ley de Puertos establece los requisitos para ocupar la Dirección de una autoridad portuaria. Entre ellos figuran contar con titulación superior, reconocido prestigio profesional y al menos cinco años de experiencia en técnicas y gestión portuaria.
La normativa no reserva necesariamente este puesto a los ingenieros de Caminos. Esa precisión, sin embargo, no elimina la obligación de acreditar los requisitos establecidos.
La cuestión es concreta: ¿qué titulación se aportó?, ¿qué experiencia profesional se computó? y ¿cómo se justificó el prestigio profesional exigido?
El currículo de Orozco recoge una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, un grado en Derecho y formación adicional. Corresponde a la Autoridad Portuaria explicar cómo se valoró esa trayectoria y de qué manera se consideró suficiente para el puesto.
También merece una explicación la propia naturaleza del nombramiento. La propuesta presidencial incluía expresamente la fórmula «nombramiento como alto cargo de Director Accidental».
Esa denominación obliga a aclarar el alcance jurídico del acto, las razones que justificaron su carácter accidental y la evolución posterior de la designación.
Una referencia genérica a las suplencias previstas en el artículo 13 de la Ley 40/2015 no parece suficiente para despejar todas las dudas. Especialmente cuando la propia Presidencia fundamentó su propuesta en el artículo 33.1 de la Ley de Puertos.
La Autoridad Portuaria debería facilitar la documentación necesaria para comprobar que el procedimiento se ajustó a la normativa. La transparencia no debilita una decisión correctamente adoptada. Al contrario, permite defenderla con argumentos y acreditar que se cumplieron los requisitos.
Si existen carencias, la publicidad del expediente también permitiría identificarlas y adoptar las medidas correspondientes. Pedir confianza en el criterio presidencial aporta mucho menos que mostrar las acreditaciones que sustentaron la decisión.
Rafael Martínez Peñalver también debe explicar su actuación
A esta controversia se suma una circunstancia que merece atención. Meses después de aquel recurso, Rafael Martínez Peñalver Mateos asumió la representación del Colegio de Ingenieros de Caminos en Ceuta.
La propia web del Colegio publicó el 31 de mayo de 2022 una entrevista en la que lo presentaba como nuevo representante colegial en la ciudad y jefe de la División de Explotación de la Autoridad Portuaria.
En aquella entrevista defendía la presencia de los ingenieros en las decisiones públicas y la protección de sus competencias profesionales.
La coincidencia de ambas responsabilidades hace pertinente conocer qué seguimiento realizó de la objeción planteada por el Colegio a la designación del director accidental.
Peñalver debería aclarar si solicitó conocer la respuesta de la Autoridad Portuaria, si promovió el examen del asunto en los órganos colegiales o qué criterio mantuvo sobre la justificación de los requisitos exigidos.
Si hubo actuaciones, sería conveniente que las explicara públicamente.
La defensa del rigor profesional también debe mantenerse cuando obliga a discrepar con los responsables de la entidad en la que se trabaja. Ser representante colegial y empleado de la Autoridad Portuaria no demuestra por sí mismo ninguna incompatibilidad. Sin embargo, sí hace especialmente importante explicar cómo se preservó la independencia del criterio profesional.
La representación de los ingenieros debe servir para defender sus criterios, también cuando las decisiones cuestionadas afectan a responsables de la propia institución portuaria.
Peñalver tiene la oportunidad de demostrar cómo ejerció esa función. Debe hacerlo con actuaciones y razones identificables. El Colegio no puede quedar reducido a una credencial que se exhibe en un currículo mientras sus objeciones más comprometidas se consideran un asunto del pasado.
Las responsabilidades son diferentes, pero las preguntas son legítimas. Doncel debe justificar la propuesta y la actuación de la Autoridad Portuaria. Peñalver debe explicar qué posición defendió y qué seguimiento realizó como representante profesional.
Ni el prestigio de la institución portuaria ni el del Colegio se protegen evitando las comprobaciones.
La candidatura al Congreso amplía el escrutinio público
La cuestión adquiere ahora una dimensión política. El BOE del 28 de octubre de 2026 publicó a Rafael Martínez Peñalver Mateos como cabeza de la candidatura presentada por el PP al Congreso de los Diputados por Ceuta para las elecciones del 29 de noviembre.
Su aspiración electoral hace todavía más pertinente conocer su trayectoria y su posición sobre una controversia relacionada con la cualificación profesional y la gestión de una institución pública.
Los electores tienen derecho a conocer qué exigió a la Autoridad Portuaria, qué seguimiento realizó de las objeciones del Colegio y qué criterio mantiene sobre la acreditación de los requisitos de quien dirige el puerto.
No se trata de cuestionar su candidatura ni de atribuirle responsabilidades que no le correspondan. Se trata de pedir explicaciones sobre una actuación profesional e institucional que afecta directamente a los principios de transparencia y rigor que ahora se reivindican desde la política.
Vivas también debe pronunciarse
La responsabilidad política no termina en la Autoridad Portuaria. La Ciudad Autónoma también tiene un papel institucional que debe ser tenido en cuenta.
La Autoridad Portuaria dispone de autonomía y forma parte del sistema portuario estatal. No obstante, la Ley de Puertos atribuye al órgano competente de Ceuta la designación y separación de su presidente.
Esa relación institucional proporciona una base concreta para que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, reclame explicaciones sobre la gestión de Doncel y respalde una revisión por los órganos competentes si existen dudas sobre la legalidad o la idoneidad de las decisiones adoptadas.
Si la Autoridad Portuaria no facilita una explicación verificable, Vivas debería valorar si mantiene su confianza en Doncel y, en su caso, promover las decisiones que correspondan por los cauces legales.
Peñalver, por su parte, también debería aclarar si respalda esa exigencia de transparencia.
El PP debe decidir si está dispuesto a someter la gestión de sus responsables al mismo nivel de exigencia que reclama a los demás. La profesionalización de las instituciones no puede quedarse en un lema electoral. Debe traducirse en procedimientos transparentes, requisitos acreditados y explicaciones públicas.
La gestión exige preparación, pero también responsabilidad. Defender una institución significa permitir que sus decisiones puedan revisarse y que quienes las adoptan respondan a preguntas concretas.
Porque, si realmente se apuesta por menos cargos políticos y más técnicos, el primer paso debe ser demostrar que los nombramientos responden a criterios profesionales verificables y no únicamente a la confianza de quien los propone.
