Este jueves, la Diputación Permanente del Congreso se dispone a votar dos decretos ley relacionados con la vivienda, un día después de la huelga general que tuvo como motivo principal la crisis habitacional y justo antes de comenzar la campaña electoral. La votación pondrá en consideración dos decretos aprobados por el Gobierno el 6 de octubre, posterior al desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años.
El decreto que podría ser aprobado incluye disposiciones como la protección contra desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, la regulación del alquiler por temporadas y por habitaciones, la extensión de dos años de los contratos de alquiler que terminen antes de 2029, y límites a la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027.
Apoyos y rechazos en la votación
El Gobierno cuenta con los votos suficientes para aprobar este decreto, aunque con una ventaja mínima de un solo voto. En la Diputación Permanente, el bloque formado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos reúne 35 votos, mientras que PP, Vox y Junts suman 34 en contra. La decisión del PNV será clave, ya que respaldará el decreto más amplio y rechazará el que contempla indemnizaciones para inquilinos.
El segundo decreto, que no contará con votos suficientes para su aprobación, obliga a que el propietario indemnice al inquilino si se rescinde el contrato de alquiler bajo los supuestos establecidos en el texto. Este decreto, presentado por el ministro Bustinduy, se centra en la prórroga automática de contratos de alquiler impulsada por Sumar y el movimiento en defensa de la vivienda.
Aspectos específicos de los decretos sobre vivienda
El decreto con posibilidades de aprobación contempla préstamos del ICO de hasta 50.000 euros para la adquisición de la primera vivienda, además de restricciones a los llamados fondos ‘buitre’. También establece la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin una alternativa habitacional. En cambio, el decreto más controvertido, que será rechazado, plantea prórrogas automáticas de cinco o siete años para contratos de alquiler de vivienda habitual, con indemnizaciones equivalentes a doce mensualidades si el propietario decide no renovar, salvo ciertas excepciones.
La votación se da en un contexto de actividad política intensa, con la campaña electoral próxima a iniciar y la crisis de la vivienda como uno de los temas principales del debate. El PP ha expresado su intención de derogar estos decretos si gana las elecciones del 29 de noviembre.
