Este jueves, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó una inspección en el Ministerio de Igualdad para obtener documentos relacionados con un posible fraude en la compra de pulseras antimaltrato. La Fiscalía Europea lidera la investigación tras detectar una posible desviación de fondos europeos destinados a la compra de estos dispositivos telemáticos.
Además, los agentes inspeccionaron el Tribunal de Cuentas, que había emitido recientemente un informe en el que se señalan importantes irregularidades en la adquisición de las pulseras por el Ministerio de Igualdad, cuyo coste superó los 100 millones de euros.
Dificultades técnicas y deficiencias en las pulseras
Las fallas en las pulseras antimaltrato salieron a la luz en septiembre de 2025, cuando se detectaron errores que provocaron sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas. Durante la gestión de Irene Montero como titular del ministerio, se perdió toda la información sobre las órdenes de alejamiento por maltrato.
Desde la Fiscalía Europea indicaron que estas actuaciones forman parte de una investigación por un posible delito de fraude relacionado con fondos europeos, cuyo destino fue la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar el cumplimiento de medidas cautelares y sentencias en casos de violencia de género.
Consecuencias en la protección de las víctimas
El cambio de proveedor del sistema de seguimiento telemático de las órdenes de alejamiento, efectuado por el Ministerio de Igualdad, ha provocado una falta de información que afecta los procesos judiciales contra los agresores. Desde el 20 de marzo de 2024, el centro de control Cometa no puede facilitar datos anteriores, lo que supone la pérdida de evidencias necesarias para acusaciones por incumplimiento de medidas de alejamiento.
Los dispositivos actuales, con un coste inferior a 150 euros y adquiridos en plataformas de bajo coste como AliExpress, son de mala calidad y permiten a los agresores quitárselos y manipular su ubicación. Actualmente, el sistema gestiona cerca de 5.000 dispositivos activos para un total de 100.000 casos de violencia de género en seguimiento, de los cuales 60.000 requieren protección policial.
Acciones y auditorías en progreso
En febrero de 2025, el Ministerio de Igualdad admitió la necesidad de mejorar la vigilancia electrónica para proteger a las víctimas de violencia de género, aunque no actuó hasta que se hizo público el problema. La ministra Ana Redondo negó inicialmente los fallos, pero el Gobierno sancionó a Vodafone, la empresa concesionaria, con una multa de 25.285 euros y destinó posteriormente 71 millones de euros para reparar las deficiencias.
A más de un año desde que se conocieron los problemas, la auditoría interna del Gobierno sobre las pulseras antimaltrato sigue sin finalizarse. El Ejecutivo ha confirmado la realización de una auditoría externa e independiente, pero aún no se ha completado la auditoría interna del Ministerio de Igualdad.
