Núcleo Nacional, una organización neonazi desmantelada esta semana, expulsó a una mujer de la delegación de Murcia por ser «judía» y a un militante valenciano por su presunta ascendencia gitana, dentro de un plan para establecer una «raza pura» en sus integrantes, según consta en el sumario al que accedió la Policía Nacional. También se expulsó a miembros vinculados con ciudadanos árabes y latinoamericanos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón indica que estas decisiones se basaron en criterios supremacistas como parte de una política interna de purga étnica. «Nuestro blindaje legal», afirmaron sus responsables para justificar la creación del partido político Noviembre Nacional, registrado en febrero, con la intención de evitar su ilegalización por delitos de odio. La estructura de Núcleo Nacional contemplaba un juramento ideológico y requería que los integrantes procedieran de países europeos, excepto casos especiales relacionados con ancestros españoles o alemanes. «Sangre, suelo y tradición» era el lema que representaba su ideología, que incluía discursos supremacistas y planes organizados para hostigar a minorías religiosas, especialmente musulmanes y judíos, incluso con propuestas de acciones violentas como «incineraciones». Seis años después de denuncias por amenazas en redes y agresiones ocasionales en Asturias, la Policía arrestó recientemente a catorce miembros de la cúpula en diversas provincias. Se les imputan delitos relacionados con odio, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. De ellos, diez quedaron en libertad con medidas cautelares como la retirada de pasaportes y la prohibición de salir del país.
Núcleo Nacional y su posible ilegalización conforme a la legislación española
La Ley Orgánica 6/2022 modificó el Código Penal español, en particular el artículo 510, para establecer penas de uno a cuatro años de prisión y multas de seis a doce meses para quienes fomenten, inciten o promuevan, de forma directa o indirecta, el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas por su pertenencia a grupos reconocidos por motivos racistas, antisemitas o antigitanos, entre otros. También penaliza la producción o difusión de materiales con contenido que incite al odio. Estas reformas fortalecen la capacidad del sistema judicial para perseguir penalmente y eventualmente ilegalizar grupos dedicados al extremismo basado en el odio.
Antecedentes del caso y contexto en Asturias
La investigación comenzó en Asturias cuando un menor denunció en noviembre de 2024 agresiones por parte de jóvenes vinculados con el grupo ultra juvenil White Boys, que luego se integró en Núcleo Nacional como cantera para reclutar nuevos miembros. Desde entonces, las autoridades identificaron una estructura organizada y jerarquizada que elaboraba planes y discursos violentos contra minorías.
Recientemente, la Policía interceptó comunicaciones internas donde se discutían ataques contra mezquitas, sinagogas, la disruptiva de manifestaciones y «incineraciones grupales», así como viajes a Ucrania para recibir entrenamiento paramilitar. Estas investigaciones condujeron a las detenciones más recientes y al procesamiento de miembros tanto adultos como menores.
