Miguel Ángel Pérez Triano deberá declarar el próximo 18 de noviembre ante la Audiencia Nacional como investigado en la causa que analiza los acontecimientos registrados en la frontera durante los días 30 y 31 de julio.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en el marco de la investigación judicial abierta por la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos durante los días 30 y 31 de julio de 2026.
Según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, Pérez Triano tendrá que comparecer ante la magistrada el próximo 18 de noviembre. Se convierte así en el primer investigado en esta causa judicial, que trata de esclarecer las circunstancias en las que se produjo uno de los episodios migratorios más importantes vividos por la ciudad autónoma.
La decisión judicial llega después de que Pérez Triano presentara su dimisión como delegado del Gobierno el pasado mes de septiembre, poniendo fin a su etapa al frente de la representación del Ejecutivo central en Ceuta.
En aquel momento, el exdelegado explicó que su decisión estaba tomada desde hacía tiempo y que ya se la había trasladado al ministro y responsable de la coordinación de la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres.
Pérez Triano justificó su salida de la política alegando que su familia «no se merece esta presión», en referencia a la situación personal que había atravesado durante las semanas anteriores.
Asimismo, aseguró que había advertido al Gobierno central, semanas antes de los acontecimientos, de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos y de la posibilidad de que se registrara un intento de entrada masiva por la frontera de Ceuta.
La comparecencia del próximo 18 de noviembre abre un nuevo capítulo judicial sobre aquellos acontecimientos, que tuvieron una enorme repercusión política, institucional y social, y que situaron a Ceuta en el centro del debate nacional sobre la gestión de las fronteras y la política migratoria.
La investigación continúa abierta y será la magistrada quien determine, a partir de las diligencias y declaraciones practicadas, las posibles responsabilidades derivadas de lo sucedido.
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