MADRID – En un cambio relevante para el desarrollo del proceso judicial, la Fiscalía de Madrid ha solicitado la absolución completa de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. En el documento de conclusiones provisionales dirigido al juzgado, el Ministerio Público afirma que las actuaciones investigadas carecen de relevancia penal, estableciendo que «los hechos descritos no constituyen una infracción penal» y que, por tanto, «sin delito no hay autor».
Este escrito se opone directamente a la postura del juez instructor Juan Carlos Peinado, quien recientemente decidió elevar el caso a juicio con jurado popular, y extiende la petición de exoneración total también a la asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Beneficio nulo y sin presiones
El eje de la argumentación fiscal refuta los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación que han centrado la investigación desde abril de 2024. De acuerdo con el escrito, no se ha demostrado ningún perjuicio económico ni contraprestación ilícita.
La Fiscalía sostiene que «ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez ni Juan Carlos Barrabés recibieron remuneración o beneficio alguno, directo o indirecto» vinculado a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, especificando que el beneficio para la esposa del presidente fue de «cero euros» en relación con la cátedra y el software cuestionado.
Igualmente, el Ministerio Público destaca que los implicados no ejercieron «ningún tipo de presión sobre las empresas involucradas para obtener apoyos o patrocinios». Respecto a Barrabés, el fiscal aclara que sus actividades docentes estuvieron dentro de la retribución establecida por la universidad, descartando financiamiento irregular de las actividades académicas vinculadas a Gómez.
Nombramiento de la asesora y requisitos académicos
Además, la Fiscalía defiende la actuación de Cristina Álvarez, indicando que su nombramiento en 2018 «se realizó conforme a los procedimientos legales establecidos» y que ha desempeñado sus funciones de forma continua y conforme a la legalidad.
Por otra parte, el escrito minimiza las críticas de las acusaciones populares sobre la capacitación académica de Begoña Gómez para codirigir los estudios. El fiscal argumenta que la normativa relativa a las cátedras extraordinarias no requería que Gómez tuviera título de licenciada, diplomada, funcionaria o catedrática para participar en la promoción o dirección de las mismas.
Discrepancias por medidas cautelares y riesgo de fuga
Esta posición de la Fiscalía se produce en un contexto de tensión judicial. El Ministerio Público ha considerado «injustificada» la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y ha presentado recurso contra esta medida cautelar decretada por el juez Peinado, a quien acusa de actuar en confabulación. Mientras el juez fundamentó la restricción en un supuesto riesgo de fuga —refiriendo que «no sería la primera vez» que un líder europeo evade la justicia—, la Fiscalía rechaza completamente esa posibilidad y considera que la causa responde a denuncias basadas en recortes periodísticos que no han sido probadas penalmente.
