La organización asegura que 18 de las agresiones documentadas se produjeron después de que el Ministerio de Defensa anunciara una investigación. Reclama medidas urgentes, responsabilidades y protección para las víctimas y los testigos.
Amnistía Internacional ha vuelto a situar a Ceuta en el centro de la preocupación internacional por el respeto a los derechos humanos. Tras una segunda investigación sobre el terreno, la organización denuncia que las agresiones, torturas y malos tratos contra personas migrantes por parte de militares han continuado en la ciudad, incluso después de que el Ministerio de Defensa anunciara la apertura de una investigación sobre estos hechos.
El nuevo informe documenta 28 casos de palizas, humillaciones, vejaciones y otros abusos, entre ellos los sufridos por 13 menores de edad. Según la organización, 18 de estos episodios se produjeron después del anuncio de Defensa, lo que, a su juicio, evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora no han conseguido frenar las presuntas vulneraciones de derechos humanos.
La investigación recoge testimonios, documentación médica, fotografías y material audiovisual de personas que aseguran haber sido víctimas de agresiones durante las últimas semanas. Entre los hechos descritos figuran golpes con porras, puñetazos, patadas, utilización de dispositivos eléctricos tipo táser y agresiones a personas que se encontraban durmiendo en la vía pública.
Amnistía Internacional sostiene que algunas de estas actuaciones habrían provocado fracturas en extremidades, traumatismos craneales, lesiones oculares, hematomas y heridas que han requerido atención hospitalaria.
Agresiones nocturnas y testimonios estremecedores
Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación es el patrón de las agresiones denunciadas. Según los testimonios recopilados, varios episodios se habrían producido durante la noche, cuando las personas migrantes dormían en distintos puntos de la ciudad y eran despertadas mediante golpes.
La organización recoge el relato de un hombre que asegura haber recibido varias descargas eléctricas mientras dormía en la carretera de Sidi Embarek, durante la madrugada del 24 de octubre. Según su testimonio, las descargas le provocaron mareos, vómitos y pérdida de conocimiento, sin que recibiera asistencia hospitalaria inmediata.
Otro de los casos documentados corresponde a un ciudadano tunecino de 40 años que afirma haber recibido varios puñetazos en la cara mientras dormía en la playa Benítez, hasta el punto de sufrir una lesión que le impidió ver correctamente por uno de sus ojos durante dos semanas.
También se recoge el testimonio de un joven de 27 años que asegura haber sido conducido a un callejón cercano a un supermercado de la ciudad, donde varios militares le habrían golpeado con porras y patadas, además de utilizar espray de pimienta. El joven terminó siendo atendido por una organización humanitaria y trasladado al hospital.
Trece menores entre las personas afectadas
La situación de los menores migrantes constituye otro de los capítulos más delicados del informe.
Amnistía Internacional advierte de que cientos de menores no acompañados continúan viviendo en las calles de Ceuta, expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad, sin acceso suficiente a recursos de acogida, alimentación y protección.
La organización estima que todavía podrían permanecer alrededor de 500 menores durmiendo en la vía pública, pese a que las autoridades de la Ciudad Autónoma han registrado y trasladado a recursos de protección a miles de ellos.
Entre los testimonios recogidos figura el de un adolescente de 17 años que asegura haber sufrido dos agresiones durante el mes de octubre. En una de ellas recibió un golpe en la cabeza con una porra que le provocó una brecha y diez puntos de sutura.
Otro menor, de 15 años, relata que sufrió un rodillazo en la boca y golpes en una pierna, además de denunciar la destrucción de su teléfono móvil, un objeto que considera fundamental para mantener el contacto con su familia.
El informe también recoge las denuncias de dos hermanos saharauis, de 17 y 16 años, que aseguran haber sido despertados a patadas y golpeados por varios militares. Uno de ellos afirma que posteriormente fue amenazado por uno de sus presuntos agresores para evitar que denunciara lo sucedido.
Amnistía también documenta siete casos de malos tratos policiales
La investigación no se limita a las actuaciones atribuidas a personal militar. Amnistía Internacional asegura haber documentado siete casos de malos tratos por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos episodios relacionados con operativos de desalojo de personas migrantes de los lugares donde pernoctaban.
Los testimonios incluyen denuncias de persecuciones, golpes con porras, destrucción de teléfonos móviles y comportamientos degradantes cuando algunas personas acudían a solicitar asistencia o intentaban realizar trámites para acceder a recursos de acogida.
La organización considera que todas estas denuncias deben ser investigadas de manera independiente y exhaustiva, con el objetivo de determinar las posibles responsabilidades individuales.
La situación de No Name Kitchen y la criminalización de la ayuda humanitaria
Otro de los asuntos abordados por Amnistía Internacional es la situación de la organización humanitaria No Name Kitchen, cuya sede en Ceuta fue registrada el pasado 22 de octubre en el marco de una investigación judicial por presunta organización criminal.
La entidad considera que, hasta el momento, no existen bases sólidas que justifiquen las acusaciones y advierte de una posible escalada de hostigamiento contra quienes prestan asistencia a las personas migrantes.
Amnistía recuerda que ya había denunciado anteriormente episodios de intimidación contra activistas, circulación de fotografías de sus documentos de identidad y obstáculos a las labores de reparto de alimentos y productos de higiene.
En este contexto, la organización cuestiona especialmente la actuación de la Fiscalía en el procedimiento contra los activistas, al considerar que contrasta con la falta de avances que denuncia en la investigación de las presuntas agresiones cometidas contra personas migrantes.
La organización insiste en que proporcionar alimentos, asistencia médica y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad no puede convertirse en motivo de persecución.
Amnistía reclama explicaciones a Defensa y a la Fiscalía
La organización asegura haberse dirigido tanto al Ministerio de Defensa como a la Fiscalía de Ceuta para solicitar información sobre las investigaciones abiertas y las medidas adoptadas para impedir que se repitan los hechos denunciados.
Sin embargo, afirma que no tiene constancia de que militares concretos hayan sido investigados, apartados cautelarmente de sus funciones o sometidos a medidas que garanticen la protección de las víctimas y los testigos frente a posibles represalias.
Entre sus principales reclamaciones figuran el cese inmediato de cualquier agresión u hostigamiento contra personas migrantes, una investigación independiente, imparcial y exhaustiva, y la depuración de las responsabilidades penales y disciplinarias que pudieran corresponder.
También solicita garantías para que las víctimas puedan acceder a la justicia sin miedo a represalias, incluyendo autorizaciones temporales de residencia para aquellas personas en situación administrativa irregular que denuncien los hechos o colaboren como testigos.
Cincuenta casos documentados desde el 30 de julio
La dimensión de las denuncias queda reflejada en el balance global ofrecido por Amnistía Internacional: desde el pasado 30 de julio, la organización afirma haber documentado 50 casos de torturas, malos tratos y tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos principalmente a personal militar, aunque también señala actuaciones de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La organización ha realizado dos visitas de investigación a Ceuta, la primera entre el 10 y el 15 de septiembre y la segunda entre el 23 y el 26 de octubre.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, considera especialmente grave que las denuncias continúen produciéndose después del anuncio de una investigación por parte del Ministerio de Defensa.
La organización reclama una respuesta institucional inmediata y advierte de que la falta de protección efectiva puede dejar todavía más desamparadas a personas que ya se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
Las denuncias presentadas por Amnistía Internacional abren un nuevo frente de preocupación sobre la gestión migratoria en Ceuta y plantean interrogantes que las autoridades competentes deberán aclarar: qué medidas se han adoptado desde el primer anuncio de Defensa, si existen investigaciones individualizadas, qué garantías tienen las víctimas y por qué, según los testimonios recopilados, las agresiones habrían continuado.
La gravedad de los hechos descritos exige una investigación rigurosa, transparencia institucional y garantías de que ninguna persona, con independencia de su origen o situación administrativa, quede fuera de la protección que reconoce el Estado de derecho.
